LA PAZ, 12 ago (El Libre Observador) — Bolivia necesita dólares, empleo y producción. Y el Gobierno de Rodrigo Paz ha decidido que, para conseguirlos, la discusión sobre si el capital viene de la izquierda o de la derecha debe quedar en segundo plano. “Me importa si el dólar viene de la izquierda o de la derecha. Yo quiero que el dólar venga a Bolivia y genere producción, genere empleo, genere industria, genere desarrollo”, dijo el presidente durante un acto público de entrega de obras en el sur del país.
La frase resume el espíritu de una apuesta que ahora se traslada al Parlamento: una nueva Ley de Inversiones que el Ejecutivo presentó el martes ante la Asamblea Legislativa con la intención de abrir las puertas a capitales nacionales y extranjeros, ofrecer seguridad jurídica y convertir el dinero que llegue al país en fábricas, emprendimientos, puestos de trabajo y actividad económica en las regiones.
Pero entre la intención y la ley hay un obstáculo político considerable. El oficialismo no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y necesita negociar con la oposición para conseguir los votos que permitan aprobar el proyecto. La capacidad del Gobierno para construir ese consenso será, por tanto, tan importante como el contenido de la propia norma.
Paz ha escogido un lenguaje deliberadamente pragmático. No habla de grandes batallas doctrinarias, sino de dólares que deben llegar y producir. La ley, sostuvo, debe permitir que haya inversiones en el Chaco y en las distintas regiones del país, y garantizar que quien arriesgue su dinero tenga seguridad.
“Que el boliviano, la boliviana, el tarijeño, la tarijeña, el chaqueño, la chaqueña, tenga seguridad”, afirmó.
La imagen que plantea el presidente es la de una Bolivia que necesita recuperar la confianza de quienes invierten. El Estado, admite, conserva un papel importante, pero no puede hacerlo todo. “Más importante es que tú puedas tener las capacidades para desarrollar en tu región”, señaló.
Horas después, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, puso números y conceptos a esa apuesta. Explicó ante los periodistas que la ley busca “recuperar la dinámica económica y reposicionar al país” y que se sostiene en principios como la previsibilidad, la proporcionalidad, el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el respeto al derecho de propiedad.
El proyecto incluye además un tratamiento especial del IVA como mecanismo de incentivo y disposiciones destinadas a proteger los recursos naturales y mantener salvaguardas socioambientales. El Gobierno intenta así presentar la apertura a la inversión no como una puerta sin controles, sino como un nuevo marco de reglas para atraer capital sin renunciar a la protección de los recursos del país.
Aramayo amplió incluso el concepto de inversor. No se trata únicamente de las grandes multinacionales o de quienes pueden comprar maquinaria industrial. “Un inversionista también es esa señora que invierte sus 200 bolivianos en comprar los caramelos para venderlos en la esquina”, explicó.
La comparación sirve para ilustrar la dimensión que el Gobierno quiere darle a la norma: desde el pequeño emprendimiento hasta la inversión extranjera directa. Según los datos citados por Aramayo, mientras en algunos países la inversión extranjera puede representar alrededor del 30% del producto interior bruto, en Bolivia no llega al 3%.
“Hay un espacio enorme para que la inversión regrese a Bolivia y genere empleos”, sostuvo.
La palabra empleo aparece como el destino final de toda la estrategia. El Gobierno no quiere que la discusión termine en el volumen de dólares que pueda ingresar al país, sino que esos recursos se traduzcan en oportunidades concretas para los bolivianos.
La urgencia se entiende mejor al mirar hacia atrás. Aramayo afirmó que los 53 días de bloqueos registrados durante la crisis social reciente provocaron la pérdida de 250.000 empleos directos e indirectos, una cifra que aún requiere confirmación oficial. También aseguró que, durante dos décadas de “aislamiento”, más de 6.000 empresas migraron de Bolivia a otros países.
Son cifras que el Gobierno utiliza para dibujar el problema que pretende atacar: una economía que necesita recuperar inversión y confianza después de años de dificultades, conflictos y restricciones.
Ahora comienza la parte más difícil. La Ley de Inversiones debe atravesar una Asamblea en la que el Gobierno carece de mayoría. Paz necesita convencer a una oposición que tendrá en sus manos una llave decisiva: convertir el proyecto en ley o ralentizar su camino.
La apuesta presidencial es sencilla de explicar y mucho más compleja de ejecutar como es atraer capital sin preguntar primero por su ideología, garantizar reglas claras y conseguir que el dinero se convierta en producción, industria y empleo. El desafío será demostrar que la nueva ley puede hacer realidad esa promesa en una Bolivia que, además de inversiones, necesita recuperar la confianza.
