LA PAZ, 19 dic (El Libre Observador) – Las ciudades más pobladas de Bolivia despertaron este viernes con una postal conocida en la historia reciente: calles bloqueadas, avenidas en silencio y miles de personas caminando cuesta arriba para llegar al trabajo. El paro del transporte público, activado en las regiones de La Paz, El Alto y Santa Cruz, paralizó los principales polos urbanos del país en rechazo a la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, una medida decretada esta semana por el presidente Rodrigo Paz y que ya ha desatado una fuerte contestación social.
Desde la madrugada, choferes sindicalizados instalaron más de medio centenar de bloqueos en la sede de Gobierno y en la vecina ciudad de El Alto, uno de los mayores núcleos urbanos del país.
Las salidas hacia provincias, otros departamentos e incluso rutas internacionales quedaron cerradas, mientras el transporte urbano e interprovincial suspendía actividades casi por completo. El impacto fue inmediato: trabajadores, estudiantes y comerciantes se vieron obligados a recorrer largas distancias a pie o a improvisar formas alternativas de movilidad.
En medio del colapso, el sistema estatal Mi Teleférico —una red aérea que conecta La Paz con El Alto y que se ha convertido en símbolo de la modernización del transporte urbano— asumió un protagonismo inesperado. Las estaciones se saturaron desde primeras horas de la mañana, con filas que serpenteaban por varias cuadras y evidenciaban la fragilidad del sistema de movilidad cuando el transporte terrestre se detiene.
La protesta no se limitó al altiplano. En Santa Cruz de la Sierra, el principal motor económico del país, los micros de transporte público no salieron a las calles. El sector acató una protesta de “brazos caídos” y advirtió que el conflicto podría escalar hacia un paro nacional. En barrios y avenidas de la capital cruceña, los ciudadanos se desplazaron en pequeños camiones, vehículos particulares o a pie, en una ciudad diseñada para el automóvil y poco preparada para la ausencia del transporte público.
El Gobierno respondió con una convocatoria al diálogo. El viceministro de Transporte, Hugo Criales, anunció una invitación a los distintos sectores del transporte —federados, libres, cooperativas y cámaras—, aunque dejó claro que la eliminación de la subvención no será revertida.
“No existe otro camino”, afirmó, al tiempo que aseguró que la población enfrenta la situación “con resignación”, una frase que fue recibida con escepticismo por los dirigentes sindicales.
Desde la Federación Departamental de Choferes “1° de Mayo” de La Paz, la respuesta fue inmediata. En un ampliado de emergencia, el sector decidió un paro de 24 horas con bloqueo de vías y advirtió que, si el Ejecutivo no anula el Decreto Supremo 5503, la próxima semana avanzarán hacia un paro indefinido. “Pedimos la anulación del decreto y hemos definido nuevas tarifas para el transporte”, declaró su secretario ejecutivo, Edson Valdez, quien además anunció una huelga de hambre y otras medidas de presión.
En Santa Cruz, el dirigente Bismark Daza endureció aún más el discurso. Confirmó que no habrá diálogo con el Gobierno mientras el decreto siga vigente y adelantó que este sábado se celebrará un ampliado nacional para evaluar nuevas acciones. “No se conversa con el Gobierno hasta que no se anule el decreto”, sostuvo, abriendo la puerta a una paralización del transporte a escala nacional.
El paro de choferes ha obligado este viernes a miles de bolivianos a reorganizar su vida cotidiana en cuestión de horas. En La Paz y El Alto, muchos caminaron kilómetros o recurrieron al teleférico; otros se desplazaron en bicicleta, un medio aún marginal en ciudades de topografía extrema. En Santa Cruz, la creatividad sustituyó al transporte público ante la ausencia de buses.
Más allá del caos urbano, la protesta revela una tensión de fondo: el choque entre la necesidad fiscal del Estado y el peso simbólico y social del subsidio a los combustibles en Bolivia, un país donde los ajustes en los carburantes han sido históricamente detonantes de crisis políticas. El paro del transporte marca así el primer gran pulso social del nuevo ciclo económico y anticipa un escenario de conflictividad que podría extenderse si el Gobierno no logra desactivar el malestar en las calles.
