LA PAZ, 27 ago (El Libre Observador) — En Bolivia, el precio del diésel ha dejado de ser una cifra en las estaciones de servicio para convertirse en una frontera política. De un lado está un Gobierno que necesita reducir el gasto público, contener el contrabando y abrir la puerta al financiamiento internacional. Del otro, productores, empresarios, transportistas, municipios y organizaciones sindicales que temen que el costo del ajuste termine trasladándose a la producción y, finalmente, al bolsillo de los ciudadanos.
La revelación llegó este jueves, casi como una confesión en medio de la tormenta. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció que el Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención al diésel para los grandes consumidores, es uno de los condicionamientos planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para facilitar créditos a Bolivia.
“El Decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI en cuanto a la liberación de precios de los carburantes”, afirmó Aramayo durante una reunión con representantes de las alcaldías en La Paz.
La frase cambia el significado de una medida que hasta ahora el Ejecutivo había presentado principalmente como una decisión de emergencia para combatir el contrabando y aliviar las cuentas del Estado. Ahora aparece también como una pieza de una negociación financiera más amplia: Bolivia necesita recursos y, a cambio, debe acometer reformas que durante años fueron políticamente difíciles de aplicar.
El decreto entró en vigor el 17 de agosto y fijó inicialmente en 18 bolivianos el litro de diésel para los grandes consumidores, mientras el transporte público y otros sectores mantienen el precio subvencionado de 9,80 bolivianos. El nuevo esquema alcanza a productores agropecuarios, agroindustriales, empresas, cooperativas mineras y otros usuarios con consumos elevados.
El Gobierno sostiene que la antigua subvención se convirtió en una fuga de recursos. El combustible barato, argumenta, alimenta el contrabando hacia países vecinos y obliga al Tesoro General del Estado a financiar una diferencia de precios cada vez más difícil de sostener.
“Es duro; es complejo”, admitió Aramayo. Pero, según su razonamiento, la alternativa es continuar financiando a las redes que lucran con el contrabando. El Ejecutivo se niega por ahora a derogar la norma y apuesta por introducir ajustes durante su fase reglamentaria.
El problema es que el combustible no entiende de balances fiscales. El diésel mueve tractores, camiones, maquinaria minera, equipos municipales y buena parte de la economía productiva. Cuando sube su precio, la factura aparece en los costos de transporte, en las cosechas, en la minería, en la limpieza de las ciudades y, eventualmente, en los precios que pagan los consumidores.
Por eso la protesta ha adquirido una dimensión territorial. En Santa Cruz, corazón agroindustrial del país, productores pequeños y medianos se han unido al rechazo de los grandes empresarios. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) analiza medidas de presión, mientras transportistas de carga pesada, gremialistas y otros sectores también han expresado su malestar.
La carretera que une Santa Cruz con Beni ya es escenario de la disputa. Un bloqueo instalado en el puente San Pablo, en la provincia Marbán, interrumpe el tránsito pese al despliegue de policías y militares y a las gestiones de una comisión negociadora enviada por el Ejecutivo.
La tensión alcanza incluso a las alcaldías, que dependen del diésel para operar maquinaria pesada y prestar servicios. Los contratos de aseo urbano, además, contienen tarifas vinculadas al precio de los carburantes, por lo que los municipios temen que el incremento termine convirtiéndose en una nueva presión sobre unas finanzas locales ya debilitadas.
El Gobierno ha autorizado ajustes en esos contratos, pero la medida no ha disipado la preocupación.
La Central Obrera Boliviana también ha vuelto a levantar la voz. Su dirigente Mario Argollo advirtió que el encarecimiento del combustible afecta a las obras públicas, los municipios, la producción y la minería asalariada. El sindicalismo, que en junio había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo para poner fin a 53 días de bloqueos, vuelve a situarse frente al Gobierno.
La escena resulta especialmente delicada porque Bolivia todavía vive bajo un estado de excepción decretado el 20 de junio, después de semanas de protestas que exigían la salida del presidente Rodrigo Paz. La medida tiene una vigencia de 90 días y permite la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la libre circulación.
Aramayo ya habla de ampliar ese régimen excepcional si continúan los bloqueos. Para el Gobierno, algunas protestas amenazan el Estado de derecho y la estabilidad democrática. Para los sectores movilizados, el decreto del diésel es la expresión más visible de un ajuste que amenaza con encarecer una economía que ya soporta una fuerte presión.
El dilema es difícil de ocultar. Bolivia necesita dinero y debe ordenar sus cuentas, pero cada paso del ajuste abre una nueva grieta social. El Gobierno busca convencer de que el sacrificio es inevitable; sus adversarios responden que son ellos quienes pagarán la factura.
La admisión de que el decreto está vinculado a las condiciones del FMI añade una pieza decisiva al rompecabezas. El diésel ya no es solamente una cuestión de precios, subsidios o contrabando. Es también parte de la negociación de Bolivia con los organismos financieros internacionales y del intento de Paz de sacar al país de una crisis fiscal que amenaza con convertirse en una crisis política.
