LA PAZ, 1 jul (El Libre Observador) — Un nuevo capítulo de tensión se vivió este lunes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de que la Sala Constitucional Segunda del Beni determinara paralizar la toma de exámenes a los postulantes para las elecciones judiciales.
La decisión, tomada a solicitud de un candidato inhabilitado, generó molestia y frustración entre los miembros de la Comisión de Constitución, quienes calificaron la medida como un obstáculo más en el tortuoso camino hacia la renovación del sistema judicial.
El epicentro del conflicto fue el caso de Charles Fernando Mejía, quien, tras ser inhabilitado como candidato, obtuvo un amparo a su favor. Este 1 de julio, Mejía solicitó medidas cautelares para paralizar la toma de exámenes, argumentando que no había sido tomado en cuenta en la convocatoria y que la Asamblea no había respondido a su amparo.
La Sala Constitucional de Beni acogió su solicitud y dispuso la suspensión del cronograma de exámenes.
La decisión judicial generó un aluvión de críticas en la Comisión de Constitución. La senadora opositora, Silvia Salame, denunció la existencia de una «mano negra» de parte de los magistrados «autoprorrogados» en el Beni, señalando la rapidez con la que se emitió la medida cautelar.
La senadora «evista» Patricia Arce, por su parte, rechazó los obstáculos que se interponen a la elección de nuevos administradores de justicia, mientras que el diputado «arcista», Jerges Mercado, si bien criticó la resolución, reconoció la necesidad de acatarla.
El malestar llegó a su punto álgido con las palabras del diputado opositor de CC, Pablo Arízaga, quien manifestó el hartazgo de la bancada ante los constantes obstáculos a las elecciones judiciales. «Estamos realmente ya explotando por esta situación», expresó el presidente de la Comisión, Miguel Rejas, calificando el fallo de la Sala del Beni como «descabellado».
Pese a la frustración, la Comisión de Constitución no se rindió. Se barajó la posibilidad de continuar con las entrevistas a pesar del fallo judicial, pero la propuesta no alcanzó los dos tercios necesarios. Sin embargo, la intención es que la postergación sea solo temporal, buscando retomar el proceso a la brevedad posible.
La polémica en torno a las elecciones judiciales en Bolivia parece no tener fin. La decisión de la Sala del Beni ha abierto una nueva herida en un proceso ya de por sí complejo y plagado de obstáculos. Queda por ver cómo se resolverá este nuevo impasse y si finalmente se logrará la renovación del sistema judicial tan anhelada por la población.
