LA PAZ, 29 sep (El Libre Observador) — Bolivia ha comenzado a transitar por una de las etapas más delicadas de su economía reciente como es corregir desequilibrios acumulados sin convertir el ajuste en una nueva fuente de problemas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respaldó este martes las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Rodrigo Paz, incluido el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el aumento de los precios de los carburantes, pero advirtió que la estabilización puede venir acompañada de desaceleración, pérdida de empleos, cierre de empresas y mayores costos sociales.
El pronunciamiento empresarial dibuja así una paradoja: el sector privado considera necesarias las medidas para ordenar la economía, pero reclama que sus consecuencias sean contenidas antes de que terminen debilitando la actividad productiva que se pretende recuperar.
La CEPB valoró el acuerdo con el FMI como un instrumento para recuperar la estabilidad económica y financiera y respaldó el Decreto Supremo 5716, que modificó la estructura de precios de los carburantes. Según los empresarios, la medida puede contribuir a reducir distorsiones, combatir el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustible.
También destacó las medidas destinadas a aliviar el impacto sobre las empresas, entre ellas la reorientación de la política cambiaria, la reducción de aranceles, las facilidades para exportar, los créditos productivos y mecanismos de alivio tributario.
Pero el respaldo no es un cheque en blanco. La CEPB advierte de que el proceso de ajuste puede reducir el ritmo de actividad de los sectores productivos, el comercio y los servicios y terminar afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
“La situación de las empresas medianas y pequeñas es particularmente delicada”, señala el comunicado, que advierte de que nuevas cargas regulatorias, tributarias, financieras o salariales podrían provocar “cierres, pérdida de empleos, reducción de inversiones y una crisis generalizada”.
El riesgo que plantea el empresariado no se limita a las compañías. Si la desaceleración se profundiza y el mercado laboral pierde capacidad para absorber trabajadores, el costo de la transición económica podría trasladarse a los hogares. Por ello, la CEPB reclama que la protección social avance al mismo ritmo que el ajuste.
“Las consecuencias del ajuste deben enfrentarse con la misma decisión con la que se están enfrentando sus causas”, sostiene la organización, que pide un plan de protección social “inmediato, integral y focalizado” para preservar el empleo y evitar que la transición recaiga sobre las familias más vulnerables.
El otro gran mensaje empresarial apunta al después. Bolivia, según la CEPB, no puede quedarse atrapada en la lógica de la estabilización. El objetivo debe ser recuperar la inversión, la producción y el empleo.
Para lo que resta de 2026, el sector privado propone modificar las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además de introducir ajustes al Código de Comercio y al Código Tributario. La intención es crear reglas más previsibles para atraer capital nacional y extranjero y desarrollar sectores capaces de generar divisas.
“La economía necesita pasar rápidamente de la estabilización a la recuperación y del ajuste al crecimiento”, sostiene la CEPB.
El empresariado reclama además seguridad jurídica, estabilidad de las reglas y una mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La recuperación, plantea, dependerá no solo de corregir los desequilibrios fiscales y cambiarios, sino también de evitar que la incertidumbre frene nuevas inversiones.
El pronunciamiento incorpora asimismo una advertencia política: Bolivia no debería volver a una etapa de bloqueos de carreteras y confrontación social que afecte la producción, el abastecimiento y la circulación.
El desafío que queda planteado es, por tanto, doble. El Gobierno busca estabilizar una economía golpeada por desequilibrios acumulados, mientras el empresariado pide que el remedio no termine profundizando la desaceleración, debilitando el empleo o aumentando los costos sociales.
“Bolivia está apenas en el inicio de la ruta hacia la recuperación. Es un camino largo y difícil, pero debemos seguir adelante”, concluye la CEPB.
