LA PAZ, 29 sep (El Libre Observador) — Durante más de tres semanas, seis familias bolivianas esperaron una noticia que permitiera poner fin a la incertidumbre. Este martes recibieron los restos de sus seres queridos. La identificación mediante pruebas de ADN de seis soldados desaparecidos tras las explosiones ocurridas en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz, cerró una de las etapas más dolorosas de la tragedia y elevó a 15 el número oficial de fallecidos.
Los restos fueron entregados después de que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) concluyera los análisis genéticos y periciales. En su mayoría se trata de conscriptos que cumplían el servicio militar y cuyos nombres quedaron durante semanas asociados a una palabra que sus familias se resistían a aceptar: desaparecidos.
Ahora pueden ser sepultados. “El Instituto de Investigaciones Forenses ha realizado en un tiempo menor las pruebas de ADN. El día de hoy ya tenemos certeza de que los restos humanos pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
La frase tiene el tono frío de una diligencia judicial, pero detrás de ella está el final de semanas de espera para familias que no podían despedir a sus seres queridos. La entrega de los restos permite cerrar la búsqueda física de las víctimas, aunque no las preguntas que rodean el desastre.
Las dos explosiones sacudieron un recinto militar de Viacha, una localidad situada a unos 29 kilómetros al oeste de La Paz. El estruendo dejó más de 80 personas heridas, dañó viviendas y afectó a unidades educativas cercanas. Los primeros nueve cuerpos fueron recuperados e identificados entre el 4 y el 7 de septiembre. Los otros seis permanecieron bajo los escombros hasta que los peritos lograron recuperar material suficiente para establecer sus identidades mediante el cotejo genético con muestras de sus familiares.
Con la entrega de este martes, la cifra oficial queda en 15 muertos.
Pero mientras las familias comienzan el duelo, la Fiscalía entra en otra fase. Torrez aseguró que el Ministerio Público ya identificó a los presuntos responsables de las explosiones y anunció que esta semana la comisión de fiscales encargada del caso emitirá citaciones y, cuando corresponda, órdenes de aprehensión.
“Será la comisión de fiscales la que determine la emisión de citaciones o, en su caso, la emisión de órdenes de aprehensión”, señaló.
Una de las líneas de investigación apunta al almacenamiento de pólvora negra dentro del regimiento. El fiscal cuestionó que no se hubiera dado “el tracto” correspondiente a ese material, una circunstancia que deberá ser establecida mediante pericias y actuaciones judiciales.
Viacha intenta entretanto recomponer su rutina. Pero en las zonas afectadas todavía quedan viviendas dañadas, escombros y las huellas de una explosión que alteró la vida de la localidad.
La entrega de los últimos seis cuerpos transforma también el sentido de la tragedia. Ya no se trata de buscar a quienes faltaban, sino de reconstruir qué ocurrió y por qué. Para las familias, el largo periodo de incertidumbre termina con un funeral. Para la Justicia boliviana, comienza ahora la tarea de determinar responsabilidades.
Quedan 15 nombres, más de 80 heridos y decenas de familias afectadas. Y una pregunta que seguirá abierta hasta que concluya la investigación: qué falló dentro de aquel cuartel para que una explosión terminara convirtiéndose en una tragedia de tal magnitud.
