TARIJA, 5 feb (El Libre Observador) — La tensión entre el Gobierno y los sectores productivos de Bolivia sigue en aumento. Diversos actores de la cadena productiva ratificaron este miércoles la convocatoria a un paro nacional movilizado para el 10 de febrero, en protesta contra la disposición adicional séptima de la Ley Financiera, que permite el decomiso de productos en casos de presunto agio y especulación de precios.
“Exigimos al presidente nato de la Asamblea Legislativa que convoque a sesión de forma inmediata para proceder a la respectiva derogación (de la disposición) en base a los proyectos de ley que se les ha hecho llegar a la fecha”, señala el pronunciamiento emitido por los sectores movilizados.
La medida ha sido respaldada por agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y trabajadores independientes, quienes consideran la normativa un atentado contra la producción y el comercio.
El Gobierno, por su parte, ha calificado el paro como una “medida extrema” e insiste en abrir espacios de diálogo. Así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien recordó que los ministros de Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo y Justicia han convocado reiteradamente a mesas de trabajo sin obtener una respuesta favorable de los sectores movilizados.
“Tomar medidas de pleno, como el paro, no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano, y por lo tanto la consideramos una medida extrema”, declaró Montenegro en conferencia de prensa.
Mientras tanto, el cuarto encuentro multisectorial celebrado en Tarija este miércoles consolidó la postura de los sectores movilizados.
En dicho encuentro, los participantes reafirmaron su rechazo a la disposición séptima, argumentando que otorga facultades discrecionales al Gobierno para el decomiso de productos sin un debido proceso, afectando directamente la estabilidad económica de productores y comerciantes.
A medida que se acerca la fecha del paro, la incertidumbre crece en el país. La posibilidad de una paralización nacional amenaza con impactar diversas áreas económicas, mientras el Gobierno y los sectores productivos parecen avanzar en direcciones opuestas sin señales de una pronta solución.
