LA PAZ, 22 dic (El Libre Observador) — El país amaneció este lunes como un archipiélago de territorios aislados. Tramos convertidos en trincheras improvisadas, piedras atravesadas en las carreteras y filas interminables de camiones detenidos marcaron el pulso de una Bolivia que vuelve a tensarse por el levantamiento del subsidio a los combustibles, un detonante histórico de crisis sociales y políticas.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, seis de los nueve departamentos registran bloqueos, una cartografía de la protesta que va del altiplano andino al norte amazónico y al corazón agrícola del oriente.
La escena muestra a sindicatos fabriles, transportistas, maestros, mineros y organizaciones vecinales reclamando la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes, una medida que durante años funcionó como dique de contención frente al encarecimiento del costo de vida.
En la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz, uno de los corredores vitales del país, los manifestantes levantaron barricadas desde la madrugada. “El decreto no ha sido socializado, no ha habido diálogo”, repite Limbert Fernández, dirigente fabril, mientras observa cómo el flujo de mercancías se congela. La consigna es clara: paro indefinido hasta que el Gobierno retroceda.
El Ejecutivo defiende la norma como parte de un paquete económico destinado a enfrentar la asfixia financiera del Estado. El decreto no solo retira la subvención a los combustibles, sino que reajusta beneficios sociales, incrementa el salario mínimo y habilita un perdonazo tributario.
Para el Gobierno, se trata de una cirugía dolorosa pero necesaria; para los sectores movilizados, un golpe directo al bolsillo de las familias y a la estructura de costos del transporte y la producción.
El conflicto se expande con matices regionales. En Santa Cruz, la mayor ciudad del país, los micros cumplen su cuarto día de paro. El alcalde Jhonny Fernández intenta contener la crisis con una tarifa “transitoria”, mientras amenaza con sanciones y la liberación del transporte si la medida persiste. La ciudad, acostumbrada al ritmo vertiginoso del comercio, se mueve a trompicones.
En La Paz, la aparente normalidad del transporte urbano convive con denuncias de cobros abusivos y con una masiva marcha de mineros que atraviesa el centro político del país. Los cascos y las dinamitas, símbolos recurrentes de la protesta boliviana, vuelven a ocupar el espacio público, recordando que la paz social sigue siendo frágil cuando se tocan los precios del combustible.
Cochabamba y Oruro exhiben un escenario fragmentado. Mientras algunas federaciones de transporte pactan con el Gobierno, otros sectores se declaran en emergencia y levantan bloqueos. En Oruro, los choferes anuncian incrementos de hasta el 50% en los pasajes y cortan las salidas hacia Chile y varias regiones del país, profundizando el aislamiento.
Más al norte, en Riberalta, el cierre de accesos cumple su tercer día. Allí, el rechazo al decreto se mezcla con reclamos por la caída del precio de la castaña, mostrando cómo la crisis económica se filtra en realidades locales que poco tienen que ver con los grandes discursos macroeconómicos.
El Gobierno insiste en que no dará marcha atrás y apuesta al diálogo como única salida. Pero la expansión territorial de los bloqueos y la memoria colectiva de anteriores “gasolinazos” sugieren que el conflicto recién comienza. En Bolivia, el precio del combustible no es solo una variable económica: es una línea roja que, cuando se cruza, reordena el mapa del poder en las calles.
