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La COB desafía al Gobierno con paro indefinido y bloqueos contra el fin del subsidio a los combustibles

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Publicado : 19 de diciembre de 2025 3:46 PM
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LA PAZ, 19 dic (El Libre Observador) — Bolivia volvió a despertar este viernes con la memoria de viejas batallas sociales. Calles bloqueadas, transporte paralizado y sindicatos en estado de movilización permanente marcaron el inicio de la declaratoria de una huelga general indefinida con bloqueos por la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al decreto gubernamental que elimina la subvención estatal a los combustibles.

La medida, adoptada en vísperas de las fiestas de fin de año, reavivó una de las fibras más sensibles de la historia política y económica del país: el precio del carburante como detonante de conflicto social.

El detonante inmediato es el Decreto Supremo 5503, que pone fin a uno de los pilares del modelo económico boliviano de las últimas décadas: el subsidio a la gasolina y el diésel. La decisión, justificada por el Gobierno como una corrección necesaria ante la presión fiscal y la caída de ingresos, tiene un impacto directo y multiplicador en el costo de vida. En un país donde el transporte encadena los precios de los alimentos, el ajuste se siente desde los mercados populares hasta los barrios periféricos.

La COB, principal organización sindical del país y actor histórico de presión política, declaró el paro tras un ampliado nacional de emergencia. Desde allí exigió la abrogación inmediata del decreto y advirtió que no habrá diálogo mientras la norma siga vigente.

 “El movimiento obrero no es intransigente, pero no vamos a aceptar decisiones que van en contra de los trabajadores y del pueblo más deprimido”, afirmó su secretario ejecutivo, Mario Argollo, en un discurso que combinó advertencia y desafío. Las movilizaciones, aseguró, se mantendrán “hasta las últimas consecuencias”.

La postura sindical es clara: cualquier negociación deberá realizarse bajo la conducción exclusiva de la COB y solo después de que el Ejecutivo retroceda. En Bolivia, donde la calle ha sido históricamente un espacio decisivo de disputa política, esa condición equivale a elevar el pulso con el poder.

El conflicto escaló rápidamente con la adhesión de uno de los sectores más combativos del sindicalismo boliviano: los mineros asalariados. Afiliados a la COB, declararon también huelga general indefinida y movilizada, pero fueron más allá del rechazo al decreto. Desde un ampliado nacional minero, el sector exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz y del conjunto del aparato gubernamental, ampliando el conflicto desde el plano económico al político.

“Se ha declarado huelga general indefinida y movilizada hasta la renuncia del Gobierno”, afirmó Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Marchas nacionales y bloqueos de carreteras forman parte de una estrategia coordinada que amenaza con paralizar los principales ejes del país, una táctica conocida en Bolivia por su alto impacto económico y simbólico.

Mientras tanto, la protesta se hizo visible en las grandes ciudades. En La Paz, El Alto y Santa Cruz, el transporte público sindicalizado paralizó actividades y bloqueó calles clave. Miles de personas caminaron largas distancias, improvisaron transbordos o recurrieron a medios alternativos para llegar a sus trabajos. El malestar se extendió entre usuarios y comerciantes, y los choferes advirtieron que no descartan sumarse a un paro indefinido.

El Gobierno, sin embargo, optó por minimizar el alcance de las protestas. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, calificó su impacto como “limitado” y sostuvo que la mayoría de la población logró desplazarse con relativa normalidad. El Ejecutivo ratificó la plena vigencia del decreto y evitó señales de retroceso, consciente de que ceder podría abrir una grieta difícil de cerrar en su política económica.

La convocatoria a un paro general indefinido por parte de la COB marca un punto de inflexión. No se trata solo de un rechazo puntual a una medida económica, sino de un choque entre dos lógicas: la del ajuste fiscal impulsado desde el Estado y la de una tradición sindical que, en Bolivia, ha demostrado capacidad para condicionar gobiernos.

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