LA PAZ, 27 mar (El Libre Observador) — En Bolivia, donde el campo no solo produce alimentos sino también identidad y equilibrio social, el próximo Censo Agropecuario 2026 empieza a tomar forma entre reuniones técnicas, promesas de transparencia y una apuesta por reconstruir la confianza en los datos públicos. A más de una década del último levantamiento, el país se prepara para mirarse nuevamente en el espejo de su producción rural.
El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jorge Akamine Toledo, encabezó esta semana un encuentro con la dirigencia de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia, liderada por Carmen Vargas.
No fue una reunión más: en la mesa se jugaba algo más que la logística de un censo. Se discutía cómo contar el campo sin distorsionarlo, cómo registrar una realidad que ha cambiado silenciosamente entre crisis climáticas, migraciones internas y nuevas formas de producción.
El censo agropecuario, explican desde el INE, no es solo una fotografía estadística. Es una herramienta que define prioridades, orienta inversiones y, en última instancia, decide quién recibe apoyo estatal y quién queda al margen. Por eso, la inclusión de las organizaciones campesinas, históricamente desconfiadas de los procesos institucionales, aparece como un intento de corregir viejas fracturas.
“El desafío no es únicamente técnico, es político y social”, desliza una fuente vinculada al proceso. En el pasado, los datos incompletos o desactualizados limitaron la capacidad del Estado para diseñar políticas eficaces en el área rural. Hoy, con un escenario económico más exigente, el margen de error se ha reducido.
El anterior censo, realizado en 2013, dejó una base que ya no alcanza para explicar la complejidad actual del agro boliviano. En estos años, la expansión de cultivos, los cambios en el uso del suelo y la presión sobre los recursos naturales han reconfigurado el mapa productivo. Sin cifras precisas, advierten los técnicos, cualquier política corre el riesgo de operar a ciegas.
En ese contexto, la reunión también contó con la participación de Thelmo Arce y Ricardo Rocabado, encargados de afinar los detalles metodológicos de un operativo que todavía no tiene fecha de empadronamiento definida. La ausencia de un calendario concreto refleja, según fuentes oficiales, que el proceso aún se encuentra en una fase de ajuste técnico.
Pero más allá de los plazos, lo que está en juego es la credibilidad. Akamine insiste en que el nuevo censo se desarrollará bajo estándares de “seguridad jurídica y rigor técnico”, amparado por la normativa vigente. La promesa es clara: evitar los errores del pasado y construir una base de datos que resista el escrutinio público.
En las regiones rurales, donde el Estado suele llegar con dificultad, el desafío será doble: levantar información precisa y, al mismo tiempo, convencer a los productores de que participar tiene sentido. De esa ecuación dependerá en gran medida el éxito de un censo que aspira a algo más que números: a redefinir la relación entre el Estado y el campo.
