LA PAZ, 13 nov (El Libre Observador) — En un país donde el precio de los medicamentos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el Gobierno boliviano ha decidido intervenir. El Ministerio de Salud anunció esta semana un plan para reducir los aranceles de importación a los insumos farmacéuticos, con la esperanza de que la medida ayude a contener la escalada de precios que ha golpeado al mercado interno desde mediados de año.
La ministra de Salud Marcela Flores explicó que la propuesta pretende “trabajar con todos los actores del sector —industria nacional, laboratorios, farmacéuticos y bioquímicos— para abaratar los costos y garantizar el acceso a medicamentos esenciales”. El objetivo inmediato es revisar el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname) y acompañar esa actualización con incentivos fiscales que permitan a los laboratorios locales reducir sus precios finales.
Un aumento que preocupa a las familias
El incremento de los precios de los fármacos, que en algunos casos alcanza el 300%, ha encendido las alarmas en los hospitales y farmacias del país. La escasez de dólares, arrastrada desde 2023, afectó la capacidad de importación de materias primas y provocó un encarecimiento en cadena que impactó de lleno en los consumidores.
“Ha sido una subida impresionante. En algunos medicamentos oncológicos y crónicos, el aumento llegó al triple”, advirtió Freddy Zeballos, vicepresidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia. “Esperamos que el nuevo Gobierno adopte decisiones técnicas que estabilicen la economía y permitan garantizar el abastecimiento”.
Las quejas se repiten en las calles y hospitales. En las farmacias públicas, el desabastecimiento se combina con la incertidumbre del tipo de cambio, mientras las familias de enfermos crónicos deben recurrir a productos sustitutos o a redes informales.
El peso histórico de la dependencia externa
Bolivia arrastra una larga dependencia del mercado exterior para la provisión de medicamentos e insumos. Aunque desde la década de 1980 se han impulsado políticas para fomentar la industria farmacéutica nacional, esta sigue siendo pequeña y altamente dependiente de materias activas importadas, principalmente de India, China y Argentina.
El país cuenta con alrededor de 25 laboratorios locales con capacidad limitada para producir genéricos y básicos, pero sin infraestructura suficiente para fabricar antibióticos complejos o fármacos de alta especialidad. En los años 2000, el Estado promovió la creación de empresas mixtas y laboratorios estatales, como parte de la política del Vivir Bien y la soberanía sanitaria. Sin embargo, la falta de inversión sostenida y los costos logísticos mantuvieron el sistema vulnerable.
La crisis actual ha puesto en evidencia esa fragilidad. Con los bancos restringiendo el acceso a divisas y el tipo de cambio paralelo disparado, las farmacéuticas han tenido que pagar más por los mismos insumos, trasladando los costos al consumidor final.
Un giro hacia la producción nacional
Frente a ese escenario, la ministra Flores anunció una estrategia dual: abaratar las importaciones y reactivar la producción local. Para ello, el Gobierno prevé reunirse con agencias de cooperación internacional que proveen parte del stock de medicamentos en programas públicos, al tiempo que promueve acuerdos con las asociaciones farmacéuticas nacionales para reforzar la fabricación interna.
“Queremos apoyar la producción de los medicamentos que pueden fabricarse en el país”, subrayó Flores. “Esto nos permitirá depender menos del mercado externo y estabilizar los precios”.
La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien ordenó una descentralización progresiva del sistema de salud. La idea es que los gobiernos locales gestionen directamente los servicios de primer, segundo y tercer nivel, mientras el Ministerio de Salud retoma un rol normativo y planificador.
Entre la regulación y la emergencia
El Liname, actualizado por última vez en 2022, define qué medicamentos deben ser considerados esenciales y accesibles para toda la población. Su revisión, según Flores, permitirá incorporar nuevos productos y garantizar su cobertura dentro del Seguro Universal de Salud (SUS), que beneficia a más de seis millones de bolivianos.
Sin embargo, los expertos advierten que las reformas fiscales no bastarán. La economía boliviana vive su momento más complejo desde la crisis del gas, con reservas internacionales en descenso y una presión constante sobre el tipo de cambio. “El problema de fondo es la escasez de divisas. Mientras no se resuelva eso, los costos seguirán subiendo”, comentó un analista económico consultado por este medio.
Un problema regional
El desafío boliviano se inscribe en un contexto regional más amplio. En América Latina, varios países enfrentan alzas sostenidas en el costo de los medicamentos por la depreciación de sus monedas, la dependencia de importaciones y los ajustes postpandemia. Argentina y Perú, por ejemplo, también han debatido reducciones arancelarias o subsidios a laboratorios locales para sostener los precios.
En Bolivia, donde el gasto de bolsillo en salud aún supera el 25% del ingreso familiar en los sectores urbanos y hasta el 40% en áreas rurales, la accesibilidad a medicamentos se ha convertido en un indicador clave de desigualdad.
Un camino largo hacia la estabilidad
El plan de reducción arancelaria aún debe ser evaluado por el Ministerio de Economía, pero el anuncio ya generó expectativa en el sector. Los laboratorios locales ven la medida como una oportunidad para reactivar la producción interna, siempre que venga acompañada de políticas de estabilidad cambiaria y acceso a crédito.
Mientras tanto, los pacientes siguen esperando soluciones concretas. “La gente no puede elegir entre comer o comprar sus medicinas”, resume una enfermera del Hospital de Clínicas de La Paz. “Si los precios siguen así, la salud se convertirá en un lujo”
