COCHABAMBA, 19 nov (El Libre Observador) — El sosiego habitual de la comunidad Pucamayo en el departamento de Cochabamba se ha transformado en un escenario de alarma y misterio. Cinco personas han desaparecido desde el pasado 12 de noviembre, tras ser retenidas por pobladores que los acusan de estar implicados en un robo.
A medida que los días avanzan, el silencio de los comunarios y los rumores de linchamiento ensombrecen la esperanza de sus familiares.
Entre los desaparecidos está Thadhashy Félix Loroña Mendoza, un taxista que, sin saberlo, se convirtió en protagonista involuntario de esta tragedia.
Según los audios difundidos por algunos medios televisivos, Loroña llamó a su esposa Trinidad Muñoz el día de su retención para informarle que lo acusaban de complicidad en los supuestos robos de un pasajero que había transportado.
Amarrado en una sede comunal y enfrentando la presión de sus captores, rogó por ayuda: los comunarios exigían 27.800 bolivianos como condición para liberarlo.
“EL TIEMPO DE ESTE AMIGO SE ESTÁ ACABANDO”
La voz angustiada del taxista se mezcló con una amenaza en quechua proferida por uno de los comunarios: “Ya no hay tiempo. Su tiempo de este amigo se está acabando”. Fue la última vez que Trinidad tuvo contacto con su esposo.
Desesperada, emprendió el viaje a Pucamayo acompañada por su hermana y un militar retirado, Juan Carlos Román Medina. Ninguno de los tres ha regresado ni ha vuelto a comunicarse desde entonces.
El caso, ahora bajo investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, se complica con reportes no confirmados que sugieren un desenlace trágico.
Algunos testigos afirman que las cinco personas habrían sido linchadas por los comunarios, una práctica que, aunque ilegal, persiste como forma de justicia comunitaria en áreas rurales del país.
UNA COMUNIDAD BAJO INVESTIGACIÓN
Pucamayo, una pequeña localidad enclavada en el municipio de Villa Tunari, se encuentra ahora en el ojo del huracán. Mientras las autoridades intentan acceder al lugar y esclarecer los hechos, la comunidad mantiene un hermetismo que alimenta la incertidumbre.
En estas áreas, las tensiones entre la justicia estatal y las tradiciones comunales suelen desencadenar conflictos donde las líneas entre víctima y culpable se difuminan.
El subcomandante de la Policía, Rubén Cornejo, aseguró que la investigación continúa, pero el tiempo juega en contra. Los familiares de los desaparecidos viven horas de angustia, entre llamados desesperados a las autoridades y una comunidad que parece haber dictado su propio veredicto.
Este caso revela las fisuras de un sistema judicial que, en regiones rurales, muchas veces es reemplazado por normas consuetudinarias que rayan en la ilegalidad. Pero el silencio de Pucamayo, lejos de ser una forma de justicia, se convierte en una condena para las víctimas y un grito ensordecido para sus familias.
