LA PAZ, 19 ago (El Libre Observador) — Jubilados fabriles salieron este martes a las calles de La Paz pese al estado de excepción vigente en Bolivia para protestar contra el nuevo precio del diésel para grandes consumidores, mientras los trabajadores mineros y cooperativistas de Potosí anunciaron que analizarán medidas de presión ante el temor de que el aumento encarezca la producción y termine repercutiendo en los precios al consumidor.
La movilización recorrió el centro de La Paz bajo una intensa lluvia y convirtió al Decreto Supremo 5676, que fija inicialmente en 18 bolivianos el litro de diésel para grandes consumidores, en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y sectores sociales y productivos.
El secretario general de la Asociación de Jubilados de Fabriles de La Paz, Porfidio Torrejón, reconoció que su sector decidió movilizarse pese a las restricciones establecidas durante el estado de excepción y advirtió que el incremento del combustible terminará afectando al transporte y a la canasta familiar.
“Los precios de los pasajes van a subir, la canasta familiar va a ser muy alta”, afirmó el dirigente, quien anticipó que las protestas de los jubilados continuarán.
La movilización incorpora además un reclamo contra la administración de la Caja Nacional de Salud, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra de equipos médicos.
Los mineros contienen por ahora la protesta
A diferencia de los jubilados, los trabajadores mineros optaron por esperar el final del estado de excepción antes de definir medidas de presión.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, expresó su preocupación por el impacto que tendrá el nuevo precio del diésel sobre la minería estatal y privada y pidió al Gobierno revisar el valor establecido.
Paye reclamó a los ministerios de Hidrocarburos, Economía, Planificación y Minería que analicen un nuevo cálculo del precio del combustible para los grandes consumidores.
“Los actores mineros estamos preocupados, porque vamos a tener un impacto negativo”, sostuvo el dirigente, según declaraciones difundidas por medios bolivianos.
El dirigente advirtió que el encarecimiento del diésel repercutirá en los insumos, el transporte y los costos operativos de las empresas mineras, en un sector considerado estratégico para la economía boliviana.
La FSTMB convocará a un ampliado nacional minero cuando termine el periodo de excepción para analizar el decreto y decidir eventuales acciones. Hasta entonces, la organización espera que el Gobierno atienda su pedido de revisar la medida.
Potosí también prepara una respuesta
El rechazo alcanza también a las cooperativas mineras de Potosí. El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Oscar Chavarría, calificó el incremento como un nuevo golpe para los sectores productivos y anunció una reunión para evaluar el alcance del decreto.
Los cooperativistas consideran que el nuevo precio afectará directamente sus costos de operación y transporte y no descartan adoptar medidas de presión después de analizar la norma.
El malestar minero se suma a las críticas formuladas en los últimos días por organizaciones agropecuarias y cañeras, que también han advertido sobre el posible impacto del nuevo esquema de precios en los costos de producción y el abastecimiento de alimentos.
Un precio diferenciado para el diésel
El Decreto 5676 establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro para grandes consumidores, mientras el precio regulado de 9,80 bolivianos se mantiene para particulares y el transporte bajo el régimen general, según la explicación oficial.
El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el desvío de combustible subsidiado, combatir el mercado ilegal y garantizar el abastecimiento, en un contexto marcado por la escasez y las largas filas en las estaciones de servicio.
La decisión, sin embargo, ha abierto un debate sobre sus efectos indirectos. Aunque el transporte no está incluido directamente en el aumento, productores y organizaciones sociales temen que el mayor costo del combustible para actividades como la minería y la agroindustria termine trasladándose a otros sectores de la economía.
Un experto citado por medios locales consideró que el impacto inflacionario directo puede ser limitado porque el transporte mantiene el precio regulado, aunque también advirtió sobre los riesgos derivados de mantener dos precios diferentes para el mismo combustible.
Una nueva prueba para el Gobierno
La protesta de los jubilados y la reacción de los mineros llegan en un momento delicado para el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que intenta reducir el costo de los subsidios a los combustibles y enfrentar al mismo tiempo la escasez de diésel.
El Ejecutivo defiende el nuevo esquema como parte de una política destinada a acercar progresivamente el precio del combustible a los valores internacionales para determinados consumidores. La medida afecta especialmente a sectores intensivos en el uso de diésel, entre ellos la minería y las actividades agropecuarias.
Por ahora, la respuesta social avanza por dos vías: los jubilados ya han desafiado las restricciones y volvieron a las calles; los mineros han decidido contener la movilización y esperar el fin del estado de excepción.
Pero el mensaje de ambos sectores coincide en un punto: el costo del diésel amenaza con convertirse nuevamente en uno de los principales detonantes de conflictividad social y económica en Bolivia.
