LA PAZ, 28 nov (El Libre Observador) – En un giro legal trascendental, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Bolivia saludó este martes el veredicto favorable que marca un hito en el litigio por la estatización de acciones de la cementera Fancesa.
El Tribunal Arbitral, a petición del Estado boliviano, se ha declarado incompetente para resolver una demanda que ascendía a la suma colosal de 269,4 millones de dólares.
«La Procuraduría General del Estado celebra este fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano, declarándose sin competencia ni jurisdicción el Tribunal Arbitral para tramitar el litigio arbitral y consecuentemente resolviendo la causa en favor del Estado boliviano», manifestó un comunicado oficial.
El trasfondo de esta controversia se remonta a la reversión de acciones de Soboce en favor de la Gobernación de Chuquisaca mediante el Decreto 616 en 2010, durante el mandato del expresidente Evo Morales.
Accionistas prominentes, como el Grupo Gloria, Consorcio Cementero del Sur y Yura Inversiones Bolivia, presentaron una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje, amparándose en el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia.
Los demandantes exigían una compensación económica sumada a intereses, ascendiendo a un total de 183,2 millones de dólares, además de reclamar los dividendos de las acciones estatizadas, valuados en 86,2 millones de dólares.
Sin embargo, el Estado boliviano contrarrestó la jurisdicción del Tribunal con «Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación», alegando una falta de competencia en este caso particular.
La PGE anunció que el laudo fue emitido el 27 de noviembre de 2023, confirmando la decisión del Tribunal Arbitral de admitir la objeción y, en consecuencia, declararse incompetente para resolver la disputa de fondo entre las partes involucradas.
