LA PAZ, 13 feb (El Libre Observador) — La Justicia boliviana dictó este viernes seis meses de detención preventiva contra el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco, investigado por el presunto delito de estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica, tras una audiencia de medidas cautelares celebrada en Santa Cruz de la Sierra.
La decisión fue adoptada por un juzgado de la Villa Primero de Mayo, que determinó que el imputado deberá cumplir la medida en el penal de Palmasola mientras avanza la investigación. La denuncia fue presentada por su prima hermana, quien aseguró haber sido víctima de estupro cuando tenía 14 años.
El caso ha generado atención pública debido a la condición de líder religioso del acusado y al vínculo familiar con la denunciante. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para justificar la detención preventiva por 180 días, con el objetivo de garantizar la presencia del imputado durante el proceso y evitar posibles riesgos procesales.
“La detención preventiva de mi patrocinado es por el término de 180 días. Hicimos los recursos de apelación correspondientes y vamos a ver qué dicen las instancias superiores”, declaró el abogado defensor, Víctor Cartagena, al término de la audiencia. La defensa argumentó que la medida sería improcedente, al sostener que los hechos denunciados habrían ocurrido cuando no estaba vigente la figura de agravante que se le atribuye.
Tras conocerse la resolución, el abogado anunció que apelará la decisión ante tribunales superiores. En declaraciones a la prensa, expresó su desacuerdo con la determinación judicial y confirmó que su defendido será trasladado a Palmasola para cumplir la detención preventiva mientras se resuelve el recurso.
El delito de estupro en la legislación boliviana sanciona las relaciones sexuales con adolescentes mediante seducción o engaño, cuando existe una diferencia de edad o una posición de autoridad que vicia el consentimiento. La calificación de agravado puede incrementar la pena si se configuran circunstancias adicionales previstas por la ley.
La investigación continuará en los próximos meses con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones. De confirmarse la acusación en una eventual etapa de juicio, el pastor podría enfrentar una condena privativa de libertad. Mientras tanto, el proceso avanza bajo el principio de presunción de inocencia que ampara al imputado hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
