LA PAZ, 31 mar (El Libre Observador) — El rastro comienza lejos de los surtidores y del ruido de los motores averiados. Empieza en garajes discretos, en ciudades portuarias del norte de Chile, donde, según el Gobierno boliviano, una red criminal convirtió el combustible en mercancía alterada y rentable. Lo que parecía una falla mecánica repetida en talleres de Bolivia terminó revelando, dicen las autoridades, una trama transnacional de robo, adulteración y contrabando que operó durante meses sin ser detectada.
La denuncia, presentada este martes por el presidente Rodrigo Paz, expone una cadena clandestina que habría aprovechado las debilidades del tránsito internacional de hidrocarburos. “Nos duele profundamente que la patria sufra de esta manera. Esto ha sido un intento de sabotaje y de traición a la patria. Esta red delincuencial opera en varios países, no es solo en Bolivia”, afirmó el mandatario, en un tono que mezcló indignación política con advertencia judicial.
El esquema descrito por el Gobierno es tan simple como perturbador: cisternas que partían con combustible boliviano eran interceptadas en puntos logísticos fuera del país, donde parte de su contenido era extraído y sustituido por mezclas de agua y aceites usados. Luego, el cargamento, aparentemente intacto en volumen, retomaba su ruta hacia Bolivia, donde terminaba en los tanques de miles de vehículos.
Las ciudades de Arica e Iquique emergen en la investigación como nodos clave de esta operación. Allí, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, el combustible era transferido a camiones más pequeños y llevado a depósitos clandestinos, lejos de los controles formales. “En esos puntos se realizaba la adulteración”, explicó, describiendo un circuito que combinaba logística informal con redes de reventa ilegal.
Las cifras que maneja el Ejecutivo ilustran la escala del problema: cerca de 5.000 cisternas y unos 150 millones de litros de carburante contaminado habrían ingresado a Bolivia entre octubre de 2025 y marzo de 2026. No se trata solo de números. Detrás de ellos hay motores dañados, transportistas en protesta y una creciente desconfianza en la calidad del combustible.
Fue precisamente ese daño acumulado el que encendió las alertas. Talleres mecánicos comenzaron a registrar fallas inusuales y simultáneas en distintas regiones del país. Lo que inicialmente se interpretó como un problema técnico aislado terminó derivando en una investigación que cruzó fronteras y expuso un circuito ilícito de mayor alcance.
El caso también abre interrogantes incómodas. ¿Cómo logró operar durante tanto tiempo una red de esta magnitud sin ser detectada? ¿Qué fisuras en los sistemas de control permitieron que el combustible adulterado ingresara al mercado formal? El Gobierno asegura que la investigación continúa y que cuenta con cooperación de autoridades chilenas, además de extenderse a Paraguay y Argentina.
Mientras tanto, las imágenes difundidas por las autoridades, en las que se observa la venta informal de combustible en el norte chileno, ofrecen una pista visual de ese mercado paralelo que prospera en las sombras de las economías fronterizas. Allí, donde el diferencial de precios convierte al carburante en un negocio tentador, la legalidad parece diluirse con la misma facilidad que el combustible en agua.
El Ejecutivo boliviano ha prometido acciones judiciales y la recuperación de los recursos afectados. Pero más allá de las sanciones, el episodio deja al descubierto la fragilidad de un sistema energético vulnerable a las distorsiones del contrabando. En esa grieta, entre subsidios, fronteras y controles insuficientes, se gestó una trama que hoy sacude al país y reconfigura el debate sobre seguridad energética en la región.
