LA PAZ, 7 feb (El Libre Observador) – En un fallo que refuerza la serie de procesos judiciales contra exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez(2019-2020), la justicia boliviana condenó este viernes a tres de sus exministros por el ingreso irregular de agentes químicos desde Ecuador en 2019.
La sentencia, de hasta cinco años y cuatro meses de prisión, se dictó en ausencia de los acusados, quienes abandonaron el país en 2020.
El caso, conocido como “Gases”, involucra a Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (exministro de Defensa) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación), quienes recibieron la pena más alta, mientras que Héctor Pérez Ortiz (exviceministro) fue condenado a tres años y cuatro meses.
Según el fallo del tribunal anticorrupción de La Paz, los exfuncionarios fueron hallados culpables del delito de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Las investigaciones revelaron que, el 15 de noviembre de 2019, en plena crisis política tras la renuncia de Evo Morales, los entonces ministros negociaron con la Policía ecuatoriana la entrega de un lote de agentes químicos en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre, este material fue utilizado en la represión de manifestantes en Senkata, en la ciudad de El Alto, un hecho que dejó 11 muertos y al menos 78 heridos.
El armamento ingresado a Bolivia incluía 5.000 granadas de mano LG-302, más de 2.000 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm y cientos de granadas de sonido y destello, según la Fiscalía. La operación se mantuvo en secreto hasta que, en mayo de 2020, el gobierno ecuatoriano solicitó oficialmente la devolución de los insumos.
Este pedido destapó la irregularidad y activó una investigación que desembocó en el juicio iniciado en mayo de 2024.
Los exministros fueron declarados en rebeldía tras haber abandonado Bolivia en 2020. Arturo Murillo fue arrestado en Estados Unidos por delitos de corrupción relacionados con la compra de gases lacrimógenos, mientras que López y Lizárraga permanecen en paradero desconocido.
A pesar de su ausencia, la justicia boliviana determinó que sus condenas deberán cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, según corresponda. Además, la sentencia establece el pago de costas judiciales y daños económicos al Estado.
El proceso, impulsado por el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, también ha abierto la puerta a una investigación paralela sobre la provisión de material antidisturbios desde Argentina, durante el mismo periodo. Mientras tanto, la posibilidad de extradición de los sentenciados dependerá de acuerdos bilaterales que Bolivia pueda gestionar con los países donde residen.
Este fallo representa un nuevo revés para el gobierno interino de Áñez, cuya expresidenta cumple una condena de 10 años por otro caso. La sentencia reaviva el debate sobre la gestión de la crisis de 2019 y marca un nuevo precedente en la justicia boliviana.
