LA PAZ, 27 ene (El Libre Observador) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha puesto fecha y consigna a su proyecto político más ambicioso: 2026 será, dijo, el año de “ordenar la casa”. La expresión, repetida como mantra en sus recientes apariciones públicas, resume una ofensiva discursiva y de gestión contra lo que denomina el “Estado tranca”, una estructura burocrática, normativa y política que —según el mandatario— ha terminado por asfixiar la economía, desalentar la inversión y erosionar la confianza ciudadana.
La apuesta no es menor. En un país golpeado por la escasez de divisas, la desaceleración económica y una creciente conflictividad social, Paz busca instalar la idea de que el problema central ya no es únicamente económico, sino institucional. “Hay que ordenar muchas cosas que son parte del Estado tranca”, afirmó en una entrevista radial, al señalar que la parálisis administrativa, los bloqueos recurrentes y la falta de reglas claras han convertido al Estado en un obstáculo antes que en un facilitador del desarrollo.
El concepto de “ordenar la casa” atraviesa varios frentes. En lo político, implica una redefinición de las relaciones entre el Gobierno central y las regiones, con mayor autonomía en la gestión de recursos y decisiones. En lo económico, apunta a crear condiciones de previsibilidad para atraer inversión nacional e internacional, una palabra largamente esquiva en el discurso oficial boliviano de los últimos años. Y en lo institucional, supone una ofensiva contra la corrupción y la opacidad, con promesas de mayor transparencia y control ciudadano.
Uno de los ejes más sensibles del planteamiento presidencial es el cuestionamiento a los bloqueos como mecanismo de presión. Aunque reconoció que se trata de un derecho contemplado en la Constitución, Paz fue enfático al advertir sobre su impacto económico. “Nadie quiere invertir en un país que se bloquea”, sostuvo, al calificar estas medidas como “antidesarrollo”. La distinción que hace el Ejecutivo entre bloqueos de origen social y aquellos de motivación política anticipa un debate de fondo sobre límites, sanciones y responsabilidades, un terreno históricamente explosivo en Bolivia.
Para enfrentar esa dinámica, el Gobierno puso en marcha el Centro de Gobierno (Cengob), una instancia que promete seguimiento digitalizado —con apoyo de inteligencia artificial— a las demandas sociales y a los compromisos estatales. La idea, según el presidente, es pasar de la reacción improvisada a la gestión anticipada de conflictos: identificar qué reclamos están pendientes, por qué no se resolvieron y quién debe responder. “Hacer seguimiento a todos los temas del país es fundamental”, subrayó.
El discurso del ordenamiento también se articula con el llamado modelo “50-50”, que plantea una distribución más equitativa del poder y los recursos entre el nivel central y las entidades subnacionales. Paz sostiene que el rediseño del Estado debe reducir tiempos, trámites y costos, y permitir que las regiones tengan mayor protagonismo en la gestión pública, especialmente a partir de las próximas elecciones subnacionales.
El desafío, sin embargo, es mayúsculo. Bolivia arrastra una larga historia de promesas de reforma estatal que chocaron con inercias burocráticas, resistencias corporativas y pulsos políticos internos. “Ordenar la casa” supone tocar intereses enquistados y redefinir prácticas que, durante años, fueron funcionales a distintos actores de poder.
Con 2026 como horizonte simbólico, el presidente busca ganar tiempo político y construir legitimidad para una agenda que combina pragmatismo económico con un relato de renovación institucional. La incógnita es si el Gobierno logrará traducir el eslogan en resultados concretos o si el “Estado tranca” terminará, una vez más, bloqueando su propio desmontaje.
