LA PAZ, 19 mar (El libre Observador) — A las puertas de una elección decisiva que reconfigurará el poder en las regiones, Bolivia ha quedado en silencio. No es un mutismo casual ni espontáneo, sino uno impuesto por la ley y cargado de significado político porque durante 72 horas, el país suspende discursos, apaga altavoces y congela la propaganda en un intento por devolverle al ciudadano un espacio de reflexión antes de acudir a las urnas.
Desde la medianoche del jueves, rige el llamado “silencio electoral”, una medida que prohíbe cualquier forma de proselitismo en espacios públicos, medios tradicionales y plataformas digitales. Es, en teoría, una pausa para pensar. En la práctica, un momento que revela tanto las fortalezas como las tensiones de la democracia boliviana.
“El silencio electoral es un espacio para pensar el voto con responsabilidad”, sostuvo el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Canedo. Pero incluso dentro del propio organismo hay conciencia de los límites de esta pausa. Controlar lo que ocurre en redes sociales —admiten— es “casi imposible”.
Mientras las calles reducen su intensidad política, el flujo de mensajes en WhatsApp, Facebook y TikTok continúa casi sin interrupciones. En ese contraste se refleja uno de los dilemas contemporáneos de la democracia: la distancia entre la regulación institucional y la realidad digital.
El domingo 22 de marzo, más de 7,4 millones de bolivianos elegirán a más de 5.400 autoridades subnacionales, entre gobernadores, alcaldes y representantes departamentales, en un proceso que abarca los nueve departamentos y 340 municipios del país. No se trata solo de una elección administrativa: es, en muchos sentidos, una medición del estado actual del poder territorial en Bolivia.
Las reglas son complejas y reflejan la diversidad del sistema político. Para elegir gobernadores se exige mayoría absoluta o una mayoría atenuada —al menos el 40 % de los votos con una diferencia de 10 puntos—, con la posibilidad de una segunda vuelta si ningún candidato alcanza esos umbrales. En otros niveles, se combinan criterios poblacionales, territoriales y escaños especiales.
Pero más allá del diseño institucional, lo que está en juego es el mapa político de un país que atraviesa una etapa de fragmentación. Las disputas locales, las tensiones internas de las fuerzas políticas y el desgaste de liderazgos nacionales han trasladado el centro de gravedad hacia lo subnacional, donde se define cada vez más el poder real.
El “Auto de Buen Gobierno”, activado en los nueve departamentos, refuerza esa atmósfera de contención: se prohíbe la venta de alcohol, el porte de armas y se restringen los desplazamientos, como si el país necesitara no solo silencio político, sino también orden social antes del voto.
En paralelo, las autoridades buscan transmitir confianza en el proceso. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, aseguró que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) ha superado pruebas técnicas exigentes y permitirá difundir resultados la misma noche de la votación.
“Hemos realizado dos simulacros del Sirepre. El sistema ha respondido muy bien (…) estamos seguros de que va a funcionar al 100 por ciento”, afirmó. La promesa es clara: rapidez y transparencia, dos condiciones clave en un país donde la confianza en los procesos electorales ha sido puesta a prueba en los últimos años.
Sin embargo, el verdadero examen no está en la tecnología ni en la normativa, sino en la percepción ciudadana. El silencio electoral, más que un simple paréntesis, funciona como un espejo: refleja un sistema que intenta ordenarse, pero que convive con tensiones profundas y nuevas formas de comunicación que escapan a su control.
En estas horas previas, Bolivia no solo espera votar. También se observa a sí misma, en pausa, antes de decidir el rumbo de su poder local en un momento de redefinición política.
