LA PAZ, 14 jul (El Libre Observador) — Tener ingresos ya no garantiza poder comprar una vivienda en Bolivia. Para millones de trabajadores independientes, comerciantes, transportistas o pequeños emprendedores pertenecientes al sector informal, el principal obstáculo no es la falta de capacidad de pago, sino un sistema financiero que continúa exigiendo requisitos diseñados para una economía formal que no representa la realidad de la mayoría del país.
Ese desajuste entre el mercado laboral y el acceso al crédito explica, según la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), por qué el déficit habitacional sigue afectando a cerca de dos millones de hogares. La cifra refleja una paradoja persistente: mientras miles de familias generan ingresos de manera constante, permanecen excluidas de los mecanismos que les permitirían acceder a una vivienda propia.
Durante más de una década, los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) fueron presentados como el principal instrumento para facilitar la compra de inmuebles. Sin embargo, la política terminó beneficiando sobre todo a trabajadores asalariados y profesionales con ingresos registrados formalmente, dejando fuera a un amplio universo de personas cuya actividad económica transcurre en la informalidad, un rasgo estructural de la economía boliviana.
Para el sector inmobiliario, el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos financieros, sino en la manera en que se evalúa el riesgo crediticio. Los desarrolladores sostienen que miles de familias poseen ingresos suficientes para cumplir con las cuotas de un préstamo hipotecario, pero no pueden demostrar esa capacidad bajo los criterios tradicionales exigidos por la banca.
La consecuencia trasciende el ámbito social. La imposibilidad de ampliar el acceso al crédito también limita el crecimiento de la construcción, una actividad considerada estratégica por su capacidad para generar empleo, dinamizar el consumo de insumos y activar cadenas productivas que abarcan desde la industria del cemento hasta los servicios profesionales.
Frente a ese escenario, la CBDI plantea la creación de una nueva Política Nacional de Vivienda Digna que adapte el financiamiento a la estructura real del mercado laboral. La propuesta pasa por desarrollar mecanismos capaces de incorporar a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños productores, sectores que generan una parte sustancial de la actividad económica, pero que siguen siendo invisibles para buena parte del sistema financiero.
El desafío, advierte el sector, ya no consiste únicamente en construir más viviendas, sino en derribar las barreras que impiden a millones de personas acceder a ellas. En un país donde la informalidad constituye una de las principales fuentes de empleo, mantener modelos de evaluación pensados para una minoría de trabajadores formales prolonga un déficit habitacional que las políticas vigentes no han conseguido revertir.
La discusión, en consecuencia, trasciende el mercado inmobiliario. Pone sobre la mesa una pregunta de fondo sobre el modelo de inclusión financiera en Bolivia: si el acceso a la vivienda continuará condicionado por la formalidad laboral o si el sistema será capaz de reconocer la realidad económica de millones de familias que, aunque producen ingresos todos los días, permanecen fuera del crédito y, con ello, de la posibilidad de acceder a una vivienda propia.
