LA PAZ, 27 ene (El Libre Observador) – Las lluvias torrenciales que desde noviembre del año pasado a la fecha que azotan a Bolivia han causado un saldo trágico de 19 muertos, afectando a más de 76.000 familias en todo el país, según datos oficiales actualizados por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
La intensidad del temporal, superior a la de años anteriores, amenaza con prolongarse hasta marzo o abril, mientras el Gobierno enfrenta una creciente crisis climática.
“Estamos experimentando una de las temporadas de lluvias más devastadoras en la última década”, declaró Calvimontes, quien además informó que ocho de los nueve departamentos del país han sufrido daños significativos. Hasta la fecha, 14 municipios han sido declarados en desastre, 62 municipios afectados y 817 comunidades reportan daños severos.
Las escenas de destrucción incluyen riadas, inundaciones y mazamorras que han arrasado cultivos, carreteras y viviendas. De las más de 76.000 familias impactadas, 20.325 han sido clasificadas como damnificadas, lo que significa que han perdido sus hogares o bienes de manera irreparable.
Otras 322 casas han quedado completamente destruidas, dejando a miles en la incertidumbre.
En respuesta a la catástrofe, el Gobierno boliviano ha desplegado ayuda humanitaria y maquinaria pesada en las regiones más golpeadas. La asistencia incluye alimentos, ropa y utensilios básicos para los afectados, además de trabajos de rescate y rehabilitación en comunidades aisladas.
No obstante, la magnitud del desastre ha llevado al Gobierno a solicitar financiamiento internacional. El Ejecutivo ha pedido a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos por un total de 325 millones de dólares para atender emergencias climáticas y mitigar riesgos futuros. Uno de los créditos, por 250 millones de dólares, ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados y está a la espera de la decisión del Senado.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el panorama es desalentador. Los pronósticos indican que las lluvias podrían intensificarse en los próximos meses, aumentando los riesgos de inundaciones y deslizamientos en regiones vulnerables.
La situación se torna aún más compleja si se considera la alta dependencia de Bolivia de su sector agrícola, una de las áreas más afectadas por las inundaciones. Las pérdidas en cultivos esenciales como maíz, papa y arroz podrían tener un impacto directo en la seguridad alimentaria del país.
Mientras tanto, los efectos devastadores del cambio climático se hacen cada vez más evidentes en esta nación andina. La combinación de lluvias extremas, incendios forestales y sequías prolongadas ha puesto a prueba la capacidad del Estado para responder eficazmente a las emergencias.
En un llamado a la solidaridad de la Asamblea Legislativa, dijo que urge la necesidad fundamental de aprobar créditos para contingencias por la crisis climática. “La prioridad es salvar vidas y proteger los bienes de las familias bolivianas”, aseveró Calvimontes, instando a todos los niveles de gobierno y la población a tomar medidas preventivas y trabajar juntos ante la crisis.
