LA PAZ, 31 oct (El Libre Observador) — En la recta final de su mandato, el gobierno del presidente Luis Arce enfrenta un nuevo escándalo político y mediático: una deuda de Bs 40 millones con el cuestionado canal televisivo DTV, de propiedad del periodista Junior Arias, quien ha sido señalado por su cercanía con el poder y por beneficiarse de contratos de publicidad estatal bajo condiciones opacas.
Según documentos y fuentes vinculadas al Viceministerio de Comunicación (Vicecom), el Ministerio de la Presidencia, bajo la dirección de Marianela Prada, se suscribió un contrato de dos servicios: uno de publicidad en DTV por Bs 30 millones y otro para redes de la misma empresa por Bs 10 millones, haciendo un total de Bs 40 millones. La viceministra Gabriela Alcón figura como unidad solicitante del proceso administrativo.
A este hecho se debe incluir otros Bs 20 millones ya desembolsados previamente al mismo medio por concepto de publicidad estatal, como establece una denuncia del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) de la facción evista, Héctor Arce.
El caso recién toma fuerza, pese a que anteriormente el legislador Arce denunció sobre una serie de irregularidades en la adjudicación de estos contratos millonarios, calificando el hecho como “una muestra clara de corrupción en favor de un medio sin trayectoria”.
El legislador Arce cuestionó que DTV, que ingresó en operaciones en septiembre de 2022, sin trayectoria y con llegada limitada, haya recibido cifras millonarias de recursos públicos en comparación con medios consolidados que ya tienen más de 10 años de fundación.
“Junior Arias se benefició de millonarios contratos con el Gobierno a cambio de cobertura favorable. Es un mercenario de la comunicación”, declaró el legislador, quien además pidió una auditoría integral a la gestión saliente.
El diputado también instó al próximo gobierno —que asumirá el 8 de noviembre— a investigar lo que calificó como “un caso emblemático de corrupción en el manejo de la pauta estatal”, señalando directamente a Prada y Alcón como responsables políticas del desembolso.
Arias, conocido por su estilo polémico y confrontacional para favorecer a determinado objetivo, enfrenta además acusaciones de haber establecido acuerdos informales con el perdedor del balotaje Jorge “Tuto” Quiroga, exmandatario y figura opositora, presuntamente para garantizar la continuidad de sus contratos o resolver las deudas a cambio de apoyo mediático a su campaña.
Las críticas se intensificaron la segunda vuelta electoral en Bolivia cuando DTV de Arias adoptó una línea editorial abiertamente en favor del ultraderechista y expresidente Jorge Tuto Quiroga y un accionar crítico contra los entonces candidatos Rodrigo Paz y Edmand Lara, quienes, según los denunciantes del PDC, fueron objeto de ataques reiterados en los noticieros matutinos, meridianos y nocturnos del canal.
Las críticas y ataques se concentraron en la figura de Lara, candidato a la Vicepresidencia, convertido en blanco de la campaña de Tuto y de los estrategas de campaña. Según el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, la apuesta era clara: “defenestrar al populista” y neutralizar el ascenso del exoficial de policía, visto como el rival con mayor conexión popular y, por tanto, la amenaza más seria para una eventual victoria de Quiroga.
Fuentes cercanas al Ministerio de la Presidencia reconocen que el caso se encuentra bajo observación administrativa, ya que DTV ya emitió facturas por la totalidad de la pauta contratada sin que todos los pagos hayan sido ejecutados. Este hecho podría convertirse en uno de los temas más sensibles durante el proceso de transición gubernamental previsto para los próximos días.
El 5 de noviembre, en la ciudad de Sucre, los nuevos mandatarios electos —Rodrigo Paz y Edmand Lara— recibirán sus credenciales oficiales, y posteriormente el 8 de noviembre tomarán juramento en La Paz. La pregunta central sigue abierta: ¿El nuevo Gobierno asumirá los compromisos financieros irregulares pendientes de la administración de Luis Arce o abrirá una investigación para depurar responsabilidades?
La polémica ya se instaló en el centro del debate público, evidenciando las tensiones entre política, medios y dinero público en un país que se prepara para un nuevo ciclo político.
