LA PAZ, 28 jul (El Libre Observador) – En un país donde el 70 % de los medicamentos que abastecen hospitales y farmacias son importados, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) ha decidido dar un paso al frente. La institución presentó esta semana un plan ambicioso para que Bolivia deje de ser un actor marginal en su propio sistema de salud y empiece a construir lo que denomina una “soberanía sanitaria”: una estrategia que, en teoría, podría blindar al país de futuras crisis globales y darle un papel más activo en la región.
El anuncio llega en un contexto adverso. Desde 2023, la economía boliviana arrastra tensiones cambiarias que han encarecido insumos importados y reducido la competitividad de la producción local. El dólar paralelo —muy por encima del tipo oficial de Bs 6,96— encarece materias primas, mientras que el contrabando y la sobreoferta de fármacos extranjeros presionan a la baja los precios del mercado.
En medio de ese panorama, Javier Lupo, presidente de Cifabol, sostiene que “Bolivia tiene hoy la oportunidad de transformar su industria farmacéutica en un bastión estratégico del sistema de salud nacional. Esta propuesta no es utópica; es un camino viable y urgente que requiere voluntad política, visión de país y decisiones valientes”.
Una industria con memoria larga
La industria farmacéutica boliviana no es nueva. Sus primeras plantas industriales surgieron en los años 30, vinculadas a pequeños laboratorios que producían jarabes y analgésicos para consumo local. Durante la Revolución Nacional de 1952 y las décadas posteriores, el Estado impulsó una política de sustitución de importaciones que permitió a varias firmas crecer y consolidar marcas nacionales.
Sin embargo, la apertura económica de los años 80 y 90, sumada a los tratados de libre comercio y a una regulación cada vez más rígida, dejó a muchas de esas empresas en desventaja frente a grandes proveedores de India, China y países vecinos. Hoy, pese a mantener 90 años de trayectoria y generar 18.000 empleos, el sector se enfrenta a altos costos operativos, precios referenciales desactualizados y una burocracia que —según sus representantes— frena la innovación y la inversión.
En el ranking industrial boliviano, la farmacéutica ocupa el tercer lugar en valor agregado, por detrás del sector alimenticio y de bebidas. Su capacidad de producción le permite abastecer buena parte del mercado de genéricos y básicos, pero no compite aún en biotecnología ni en productos de última generación, nichos dominados por gigantes internacionales.
Tres ejes para una “soberanía sanitaria”
La propuesta de Cifabol, denominada Fortalecimiento del Potencial de la Industria Farmacéutica Nacional hacia una Soberanía Sanitaria, plantea un nuevo pacto con el Estado.
El primer eje busca construir una “institucionalidad sólida”, con menos burocracia y una descentralización de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), acusada de centralizar permisos y alargar plazos de registro.
El segundo eje exige que el Estado otorgue “preferencia obligatoria” a los productos nacionales en licitaciones públicas, garantice pagos oportunos y establezca una “reserva estratégica de medicamentos” que evite desabastecimientos en crisis sanitarias.
El plan también propone combatir el contrabando de fármacos, una práctica que, según datos de Cifabol, ya representa más del 30 % de los productos que circulan en el mercado informal boliviano.
Finalmente, el tercer eje reclama seguridad jurídica e incentivos a la inversión: actualizar la normativa farmacéutica, flexibilizar regulaciones consideradas excesivas y crear un entorno estable para atraer capitales.
Un debate con dimensión regional
Más allá de sus implicaciones locales, la propuesta boliviana conecta con una discusión más amplia en América Latina: cómo construir industrias farmacéuticas que reduzcan la dependencia de Asia y Estados Unidos, una vulnerabilidad expuesta durante la pandemia de COVID-19, cuando varios países quedaron sin acceso a insumos críticos.
Países como Argentina y Brasil han impulsado políticas de apoyo a laboratorios nacionales, mientras que México ha buscado atraer inversión extranjera para producir vacunas y biotecnológicos. En ese escenario, Bolivia —por ahora un actor menor en exportaciones farmacéuticas— busca un espacio propio.
“No hablamos solo de salvar a un sector, hablamos de garantizar que Bolivia pueda producir los medicamentos esenciales que su población necesita, incluso en tiempos de crisis global”, insiste Lupo.
El proyecto será presentado formalmente al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa en agosto. Si logra apoyo estatal, podría convertirse en una pieza clave de la estrategia industrial boliviana. Si no, advierten sus promotores, el país corre el riesgo de seguir dependiendo de proveedores externos y mercados paralelos que hoy, más que nunca, marcan el pulso de la salud pública.
