LA PAZ, 7 mar (El Libre Observador) – La tensión crece en Bolivia tras la decisión del Comité Multisectorial de emprender una masiva marcha desde Patacamaya hasta La Paz el próximo 18 de marzo. La medida de presión busca exigir al Gobierno la derogación de la disposición de decomisos, el abastecimiento de diésel y la garantía de exportaciones, en medio de una creciente crisis económica y comercial que golpea a sectores productivos, transportistas y comerciantes.
La resolución fue tomada en una reunión celebrada en Trinidad, Beni, donde líderes gremiales y cívicos acordaron un pliego de 11 demandas dirigidas al Ejecutivo y Legislativo. Entre ellas, destaca la eliminación de la disposición séptima de la Ley Financial, que, según denuncian, permite el decomiso arbitrario de mercancías, afectando a comerciantes, productores y transportistas.
“Pretenden quitar mercadería a pequeños, medianos y grandes comerciantes, sin seguridad jurídica ni garantías”, advirtió César González, dirigente gremial y vocero del Comité.
La crisis del diésel también es un punto central de la protesta. Transportistas han denunciado largas filas y recorridos interminables para abastecerse del combustible, indispensable para la actividad productiva y el comercio. González insistió en que el Gobierno debe ofrecer soluciones inmediatas para evitar mayores afectaciones en el sector logístico y agrícola.
El conflicto por el litio, uno de los recursos estratégicos del país, también forma parte de la agenda de la marcha. Los comités cívicos de Potosí y Oruro exigen la promulgación de una ley específica antes de firmar cualquier acuerdo de explotación, rechazando los contratos actuales y cuestionando la transparencia en la administración de este recurso clave para la economía boliviana.
Otra de las preocupaciones expresadas en la reunión multisectorial es la escasez de dólares, que, según los dirigentes, está impactando en el alza de precios de productos básicos. En este contexto, exigen la liberación inmediata de la exportación de carne de pollo, res y soya, argumentando que estas actividades generan divisas esenciales para el país.
En su pronunciamiento, el Comité Multisectorial también demandó mejoras urgentes en la infraestructura del Beni, incluyendo el mantenimiento inmediato de carreteras para garantizar el transporte de cosechas y la provisión de carne. Asimismo, solicitaron la construcción prioritaria de puentes sobre el río Mamoré y la conclusión del hospital de tercer nivel en Trinidad.
“Exigimos seguridad jurídica para todos los que generamos ingresos para el país”, sentenció González, dejando en claro que la movilización del 18 de marzo será solo el inicio de una serie de medidas de presión si el Gobierno no atiende sus demandas.
La movilización amenaza con convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los sectores productivos, en un contexto de creciente malestar social y desafíos económicos.
