LA PAZ, 2 ago (El Libre Observador) – La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se encuentra en un encendido debate sobre el informe de la Comisión Mixta de Constitución referente a la preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tras dos días de intensas deliberaciones y múltiples cuartos intermedios, los legisladores retomaron la sesión este viernes para analizar los detalles del proceso de selección.
El martes pasado, la Vicepresidencia publicó la lista final de 48 aspirantes al TCP, compuesta por 33 hombres y 15 mujeres, evidenciando una falta de paridad de género. Además, en Santa Cruz y Cochabamba no se registraron abogadas entre los postulantes, mientras que en Pando, Potosí y Beni solo hay una mujer candidata.
La representación indígena también es insuficiente. En Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando no hay ningún postulante identificado como indígena originario campesino, y en el resto de los departamentos solo hay un candidato autoidentificado como tal. En total, de los 48 candidatos, únicamente cinco se autoidentifican como indígenas.
Otro punto de preocupación es la baja calificación de algunos postulantes. El informe de la comisión reveló que un aspirante del departamento de Beni obtuvo la nota más baja: 31 puntos sobre 200 posibles. Esta situación ha generado un debate sobre la viabilidad de la convocatoria en ciertos departamentos y la necesidad de revisar los criterios de selección.
La comisión ha recomendado declarar desierta la convocatoria en aquellos departamentos donde no se alcanzó el requisito de paridad de género y el cupo indígena. Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), propuso que se consideren a los aspirantes que tienen cerca de 130 puntos para llenar las vacantes.
“Hay posibilidades, nada está escrito en piedra. Lo importante es tener una voluntad política de discutirlas y en esa línea vamos a actuar”, afirmó Urquidi.
El debate sobre el informe de postulantes al TCP refleja las profundas divisiones y desafíos en el proceso de selección de autoridades judiciales en Bolivia. La Asamblea deberá encontrar soluciones que garanticen la representatividad y la equidad en el máximo órgano judicial del país, en medio de un panorama político complejo y exigente.
