LA PAZ, 27 may (El Libre Observador) — En medio de la Bolivia crispada y exhausta tras casi un mes de protestas, el presidente Rodrigo Paz decidió este miércoles endurecer el tono. Frente a empresarios, diplomáticos y representantes internacionales reunidos en un consejo económico y social en la sede gubernamental, lanzó un mensaje que sonó menos a invitación política y más a advertencia de último plazo.
“Yo tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, repitió tres veces el mandatario, mientras emplazaba al diálogo a los dirigentes campesinos y a la Central Obrera Boliviana (COB), principales impulsores de las movilizaciones que mantienen bloqueadas varias regiones del país por casi un mes.
El mensaje llegó acompañado de un movimiento político decisivo. Horas antes, el Gobierno promulgó la Ley 1732, que elimina las restricciones legales que limitaban la declaratoria de estados de excepción en Bolivia. La normativa deroga una ley aprobada en 2020 y considerada por sectores oficialistas como un freno jurídico para responder a crisis de alta conflictividad.
Aunque el Gobierno insiste en que, aún apuesta por el diálogo, la coincidencia entre ambas decisiones dejó una señal clara como que el Ejecutivo quiere mostrar que mantiene capacidad de control en un momento en que la presión social amenaza con desbordar las calles.
El panorama en las regiones bolivianos, principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz, las filas de automóviles alcanzan kilómetros, en otros casos avanzan apenas unos metros cada hora frente a las estaciones de servicio sin combustibles.
En los mercados populares de La Paz, comerciantes discuten precios ante estantes semivacíos y los minibuses circulan a medias por l paro de transporte en demanda de soluciones a la crisis. En las carreteras que conectan el altiplano con el resto del país, decenas de bloqueos han convertido el tránsito en una sucesión de caminos cortados, camiones de carga y buses detenidos.
La escena en el centro Chuquiago Marka reflejaba esa paradoja boliviana. Dentro del recinto, el Gobierno hablaba de concertación económica y unidad nacional. Fuera, las ciudades de La Paz y El Alto seguían atrapadas por protestas que alteraron la vida cotidiana y golpean ya el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.
Las movilizaciones comenzaron con reclamos salariales y exigencias sectoriales, pero en pocas semanas derivaron en una ofensiva política más amplia contra el Gobierno de Paz, que apenas lleva seis meses en el poder. Campesinos, sindicatos, maestros, mineros y juntas vecinales exigen cambios profundos y algunos sectores ya piden abiertamente la salida del mandatario.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al menos 70 puntos de bloqueo permanecían activos este miércoles en seis de los nueve departamentos del país, especialmente en el occidente boliviano.
La tensión ha comenzado también a inquietar a actores internacionales. En las últimas horas, varias delegaciones diplomáticas siguieron de cerca el deterioro de la situación interna, mientras empresarios locales advierten sobre pérdidas millonarias y una economía cada vez más paralizada.
Paz intentó desacreditar las razones de la protesta y desafió públicamente a los movilizados. “¿Cuál es el problema? ‘No me gusta el gobierno’. Bueno, ¿y por qué no te gusta el gobierno?”, preguntó el presidente, recordando que ganó las elecciones con el 55 % de los votos.
El mandatario insistió en que no existen procesos de privatización ni aumentos en servicios básicos, dos de las denuncias levantadas por sectores opositores. Pero en las calles, el conflicto parece haber superado hace tiempo las demandas iniciales y transformarse en un pulso político sobre legitimidad, poder y desgaste social.
Hasta ahora, los líderes de las protestas no respondieron al llamado presidencial. Y mientras el Gobierno insiste en el diálogo, la repetición de una frase, “el tiempo se acaba”, comenzó a resonar en Bolivia como algo más que una advertencia retórica.
