LA PAZ, 17 jun (El Libre Observador) — Mientras Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más prolongadas de los últimos años, el principal árbitro electoral del país decidió intervenir en el debate con un mensaje inequívoco: exigir la renuncia de autoridades elegidas en las urnas es un acto “totalmente antidemocrático”.
La advertencia llegó este miércoles de boca de Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en momentos en que sectores sindicales, campesinos y vecinales han endurecido sus demandas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz tras casi siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras.
“Es totalmente antidemocrático pedir renuncias de autoridades electas que tienen un mandato y que han sido elegidas por el pueblo boliviano”, afirmó Ávila, marcando distancia frente a las consignas que, en los últimos días, comenzaron a incluir la salida anticipada del mandatario.
Las declaraciones reflejan la creciente preocupación institucional ante una crisis que ha ido mutando con el paso de las semanas. Lo que comenzó como una serie de reclamos sectoriales vinculados a demandas económicas y sociales terminó escalando hacia exigencias de carácter político, entre ellas la renuncia presidencial.
La tensión se desarrolla en un país acostumbrado a que las disputas políticas se trasladen rápidamente a las calles. En Bolivia, los bloqueos de caminos han sido históricamente una de las herramientas de presión más utilizadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones campesinas. Sin embargo, para el órgano electoral, la discusión sobre la continuidad de autoridades elegidas por voto popular no puede resolverse mediante medidas de presión.
El pronunciamiento de Ávila se produjo después de una reunión en la Comisión de Constitución del Senado, donde acudió para informar sobre los preparativos de las próximas elecciones judiciales. Pero la coyuntura nacional terminó imponiéndose sobre los aspectos técnicos.
Desde el TSE, la preocupación apunta a preservar la legitimidad de las instituciones surgidas de las urnas en un momento de fuerte polarización política. El presidente del organismo recordó que los mandatos de las autoridades están definidos por la Constitución y que cualquier modificación debe producirse dentro de los mecanismos legales establecidos.
“Vamos a defender a todas las autoridades que han sido electas mediante voto popular porque eso es la democracia”, sostuvo.
El mensaje llega cuando el Gobierno intenta abrir una vía de negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los actores más influyentes del conflicto. Las autoridades confirmaron para las próximas horas una reunión con la dirigencia sindical, que presentó un pliego de ocho demandas.
Entre los principales reclamos figuran la paralización de procesos judiciales contra personas involucradas en los bloqueos, el rechazo a eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la implementación de una jubilación equivalente al 100 % del salario.
La convocatoria al diálogo surge después de 48 días de conflicto, un período durante el cual los bloqueos afectaron la circulación de mercancías, el abastecimiento de combustibles y el transporte entre varias regiones del país.
Ante ese escenario, Ávila insistió en que la salida a la crisis debe encontrarse mediante acuerdos políticos y sociales.
“Lo que debe primar siempre en nuestro país es el diálogo”, afirmó, al señalar que el propio órgano electoral promovió en el pasado mesas de concertación para resolver diferencias entre actores políticos.
Las declaraciones del presidente del TSE colocan a la institución electoral en una posición inusualmente visible dentro de la actual coyuntura. Más allá de la organización de elecciones, el organismo busca proyectarse como un garante de la continuidad democrática en un momento en que la presión callejera y el desgaste político vuelven a poner a prueba la estabilidad boliviana.
