LA PAZ, 27 mar (El Libre Observador) — En un paso significativo para fortalecer el proceso democrático en Bolivia, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates electorales para todos los candidatos a cargos públicos.
La norma, que ahora debe ser revisada por el Senado, contempla sanciones económicas y restricciones publicitarias para aquellos que no participen en estos espacios de confrontación de ideas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, confirmó que la iniciativa será remitida a la Cámara Alta para su análisis y eventual promulgación por el presidente Luis Arce.
«Este proyecto busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información directa sobre las propuestas de los candidatos», sostuvo Yujra.
SANCIONES
En la versión final de la ley, se establece que aquellos candidatos que no participen en los debates serán sancionados con una multa equivalente al costo de la transmisión del evento, impuesta por un juez electoral.
Además, se contempla la suspensión inmediata de su pauta publicitaria en medios de comunicación, una medida que busca incentivar la asistencia y la transparencia en el proceso electoral.
Los debates deberán realizarse de manera presencial y tendrán un calendario fijo: hasta 15 días antes de la primera vuelta electoral y hasta cinco días previos a la jornada de votación. En caso de existir una segunda vuelta, los candidatos en contienda deberán debatir nuevamente dentro de los 10 días previos a la elección.
CULTURA ELECTORAL
Para la presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, esta norma responde a una demanda ciudadana y política de mayor transparencia y confrontación de ideas en el ámbito electoral.
«Se trata de una herramienta clave para fortalecer la democracia y permitir que la ciudadanía evalúe mejor a sus futuros gobernantes», destacó.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha instado al Legislativo a acelerar la aprobación de otras normativas esenciales para garantizar la transparencia de los comicios, como la que regula el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Con esta iniciativa, Bolivia sigue la tendencia de otros países que han institucionalizado los debates como un mecanismo indispensable para la formación de opinión pública y el fortalecimiento de la democracia.
