LA PAZ, 17 jun (El Libre Observador) — En los puertos, en las fronteras y en los almacenes de Bolivia hay mercancías detenidas que no llegan a su destino. Hay camiones inmovilizados en carreteras bloqueadas, contenedores esperando cruzar fronteras y contratos internacionales que comienzan a tambalearse. Después de 48 días de conflicto social, el sector exportador boliviano asegura que la crisis ya dejó una factura de 978 millones de dólares y que el daño amenaza con extenderse mucho más allá de las rutas cerradas.
La cifra fue presentada este miércoles por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), cuyo presidente, Oswaldo Barriga, abandonó el lenguaje habitual de los balances empresariales para adoptar uno mucho más político y contundente. No habló únicamente de pérdidas económicas. Habló de responsabilidades penales.
«Queremos cárcel para las personas que han incitado esta violencia y que han financiado estos bloqueos», afirmó, en una declaración que refleja hasta qué punto el desgaste económico está transformando el tono del empresariado boliviano.
Durante semanas, las cámaras empresariales se limitaron a contabilizar daños y advertir sobre los riesgos para la economía. Pero a medida que los bloqueos se prolongan y las pérdidas se acumulan, el discurso ha cambiado. Ahora exigen investigaciones judiciales y sanciones contra quienes consideran responsables de una crisis que golpea a productores, transportistas, industriales y exportadores.
La preocupación va más allá de los números. En el comercio internacional, la confianza suele ser tan importante como la mercancía. Y esa confianza, dicen los exportadores, empieza a erosionarse.
«El momento que perdemos mercados, la imagen del país está destruida», sostuvo Barriga.
La afirmación resume uno de los mayores temores del sector. Recuperar una carretera bloqueada puede tomar horas o días. Recuperar un comprador internacional puede llevar años. Los contratos incumplidos, los retrasos en las entregas y la incertidumbre logística suelen abrir la puerta a competidores de otros países dispuestos a ocupar esos espacios.
En un contexto internacional cada vez más competitivo, la interrupción prolongada de las exportaciones representa una amenaza especialmente delicada para Bolivia, cuya economía depende en gran medida de la venta de materias primas, productos agroindustriales y minerales.
Según la Caneb, parte de la carga destinada a la exportación permanece atrapada dentro del país, mientras otra se encuentra fuera de las fronteras sin posibilidad de ingresar para ser procesada. La consecuencia inmediata es la paralización de cadenas productivas enteras.
La consecuencia de largo plazo es más difícil de medir. Barriga calcula que las pérdidas acumuladas equivalen a cerca de 14.500 millones de bolivianos y podrían representar casi tres puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB). La cifra surge en un momento especialmente sensible para Bolivia, que ya enfrenta problemas de liquidez, escasez de divisas y una desaceleración económica que preocupa a empresarios y analistas.
Por eso, detrás de la indignación hay también una pregunta que se repite entre los actores económicos.
«¿Quién va a reponer esos mil millones de dólares que ha perdido el sector exportador y la economía nacional?», cuestionó el dirigente.
La pregunta parece dirigida tanto a los sectores movilizados como al Estado. Porque mientras el Gobierno intenta abrir nuevas mesas de diálogo para desactivar el conflicto, los empresarios reclaman que también se discuta cómo reconstruir la actividad económica una vez que las carreteras vuelvan a despejarse.
La preocupación no se limita a las exportaciones. El sector agropecuario, el transporte, la logística y la industria manufacturera forman parte de una misma cadena que se ha visto afectada por semanas de interrupciones.
Por ello, la Caneb plantea ahora una agenda que trasciende la coyuntura. Además de las investigaciones que exige contra los promotores de los bloqueos, pide diseñar medidas de corto, mediano y largo plazo para garantizar la libre circulación de mercancías, la producción y las exportaciones.
La propuesta refleja una inquietud creciente en el empresariado: que la crisis actual no sea vista como un episodio excepcional, sino como una señal de una vulnerabilidad estructural.
