LA PAZ, 18 jun (El Libre Observador) — Las carreteras que rodean la sede de gobierno se han convertido en el símbolo más visible de una crisis que ya dura 49 días. Camiones detenidos, mercados con suministros irregulares, productores incapaces de trasladar sus cosechas, miles de viajeros varados y kilométricas filas de autos son parte de una escena que comienza a normalizarse peligrosamente en Bolivia. Pero este jueves, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia con el uso del estado de excepción que revela que el margen para la negociación empieza a agotarse.
“Hoy, mañana, estos últimos días”, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al referirse al tiempo que aún concede el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. Después de eso, añadió, el Estado actuará “con la ley”.
La frase resume el momento que atraviesa el país. Tras casi siete semanas de bloqueos, el Gobierno insiste en que, todavía apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo prepara el terreno para una eventual intervención destinada a restablecer la circulación en las rutas que conectan a La Paz con el resto del territorio.
La tensión no es menor. Los campesinos de la organización Túpac Katari se han convertido en uno de los actores más influyentes de las movilizaciones que paralizan gran parte del occidente boliviano. Aunque sus dirigentes rechazan sentarse a negociar mientras no existan respuestas concretas a sus demandas, el Ejecutivo sostiene que varias de sus reivindicaciones son legítimas y merecen atención inmediata.
En un intento por tender puentes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, habló de proyectos para agua potable, electrificación, caminos vecinales y productividad rural. Reconoció que muchas comunidades de las provincias paceñas han permanecido durante años al margen de las grandes inversiones estatales y aseguró que el Gobierno está dispuesto a impulsar una agenda de atención urgente.
Sin embargo, la oferta tiene una condición innegociable: levantar los bloqueos.
“Eso sí se debe levantar inmediatamente, es un pedido de todos”, afirmó Lupo.
La exigencia responde a una realidad cada vez más difícil de ignorar. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía existen 50 puntos de bloqueo en el país, casi la mitad de ellos concentrados en La Paz. Los cortes han alterado el transporte de alimentos y combustibles, encarecido productos básicos y complicado el acceso a servicios esenciales.
La ciudad de La Paz y su vecina El Alto, que juntas reúnen cerca de dos millones de habitantes, sienten cada día el peso de la protesta. Las filas para abastecerse de algunos productos se han vuelto frecuentes y los operadores económicos advierten sobre pérdidas que podrían tardar meses en recuperarse.
“El daño a la economía ha sido enorme”, admitió Lupo.
Pero el conflicto ya no gira únicamente en torno a cifras económicas. También se ha convertido en una disputa sobre la capacidad del Estado para ejercer autoridad sin romper los puentes con sectores históricamente movilizados. Por eso, mientras el Gobierno habla de diálogo, también recuerda que la Constitución le otorga facultades para garantizar la libre transitabilidad.
“Vamos a hacer uso de todas las atribuciones que la Constitución nos da para garantizar que este departamento tenga paz y se pueda producir”, señaló el ministro.
La advertencia llega después de semanas en las que el Ejecutivo ha intentado evitar una escalada. La experiencia boliviana demuestra que los operativos de desbloqueo suelen ser políticamente costosos y, en ocasiones, derivan en episodios de violencia difíciles de controlar. Sin embargo, dentro del Gobierno crece la percepción de que la prolongación indefinida de los cortes puede generar daños aún mayores.
Oviedo fue aún más contundente al responsabilizar a los bloqueos de agravar emergencias sanitarias y obstaculizar el paso de ambulancias. También recordó que las autoridades investigan varios hechos ocurridos durante las protestas y advirtió que quienes hayan participado en acciones violentas deberán responder ante la Justicia.
Mientras tanto, los dirigentes campesinos mantienen su propia presión. En las últimas horas reiteraron que esperan respuestas concretas a una «conminatoria» presentada al Ejecutivo y descartaron cualquier acercamiento que no contemple avances inmediatos en sus demandas.
Así, Bolivia se encuentra atrapada entre dos urgencias contrapuestas: la de un Gobierno que necesita recuperar el control de las carreteras para evitar una mayor asfixia económica y la de sectores rurales que consideran que solo la presión en las rutas puede garantizar que sus reclamos sean escuchados.
La negociación sigue abierta, pero el reloj corre. Y en las alturas andinas de La Paz, donde convergen las principales carreteras del país, cada día que pasa parece acercar más el momento en que el diálogo deje de ser la única opción sobre la mesa.
