LA PAZ, 19 jun (El Libre Observador) — No fue una protesta contra una reforma tributaria ni contra una nueva regulación estatal, era una movilización nacida de la sensación de asfixia que recorre buena parte del aparato productivo boliviano después de casi dos meses de conflicto político y social, carreteras bloqueadas y una economía que se mueve cada vez con mayor dificultad.
Mientras las columnas de productores ingresaban al centro de la ciudad más poblada y dinámica del país, Bolivia cumplía 50 días de crisis social y política con bloqueos en las principales rutas nacionales. El conflicto, que comenzó con demandas sectoriales impulsada por organizaciones campesinas y de la Central Obrera Boliviana (COB), se ha transformado en una batalla por la renuncia presidencial y el control de la normalidad cotidiana de millones de personas.
Los productores agropecuarios decidieron salir a las calles porque consideran que la paciencia y el tiempo de la espera terminó. Durante semanas observaron cómo los bloqueos se multiplicaban en las carreteras que conectan el altiplano con los valles y las llanuras orientales. Vieron cómo los camiones quedaban inmovilizados, cómo el combustible llegaba con retraso, cómo los animales permanecían sin alimento suficiente y cómo los mercados comenzaban a resentir la escasez y el encarecimiento de algunos productos.
“El tiempo se agotó”, resumió el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, frente a cientos de productores reunidos en la concentración. Su frase condensó el sentimiento de un sector que se considera atrapado entre una crisis política que no controla y un Estado que, a su juicio, no ha logrado garantizar el libre tránsito.
La protesta tuvo algo más que una reivindicación sectorial. Reflejó el temor de una parte de la sociedad boliviana a que la crisis termine erosionando uno de los pocos motores económicos que todavía muestran capacidad de generar empleo y exportaciones en medio de un escenario nacional complejo.
Las cifras que manejan los productores son alarmantes. Según Frerking, el sector porcino ya habría perdido más del 60% de su capital operativo. En otras cadenas productivas, los daños no siempre son visibles de inmediato, pero se acumulan día tras día: cosechas que no llegan a destino, insumos detenidos en las carreteras y mercados que reciben menos productos de los necesarios.
Lo que ocurre en Bolivia tiene una particularidad geográfica que amplifica el impacto de los conflictos. El país depende de una red de carreteras que une regiones separadas por montañas, valles y extensas llanuras. Cuando esos caminos se bloquean, no solo se interrumpe el tránsito de vehículos. También se fracturan los vínculos que mantienen conectada a la economía nacional.
Por eso la presión sobre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz aumenta conforme pasan las semanas. El Ejecutivo ha intentado mantener abiertas las puertas del diálogo con los sectores movilizados, pero al mismo tiempo endurece el tono de sus advertencias.
El jueves, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lanzó el mensaje más contundente hasta ahora. Aseguró que el Gobierno utilizará todas las atribuciones que le otorga la Constitución para restablecer la libre circulación si fracasan los últimos esfuerzos de negociación con la dirigencia campesina.
La declaración fue interpretada como una señal de que el margen de tolerancia oficial se está agotando. Sin embargo, el Gobierno también sabe que cualquier intento de intervención en las carreteras podría abrir una nueva fase del conflicto y elevar la tensión social en un país históricamente marcado por las protestas y la movilización popular.
En las rutas, mientras tanto, la realidad sigue siendo la misma. Decenas de puntos de bloqueo permanecen activos, especialmente en La Paz y Cochabamba, dos departamentos estratégicos para la conexión entre el occidente y el oriente del país. Los transportistas continúan enfrentando largas demoras. Los comerciantes denuncian pérdidas crecientes. Los productores observan cómo sus costos aumentan mientras sus ingresos disminuyen.
La crisis ha comenzado a alterar incluso el lenguaje político. Ya no se habla únicamente de demandas sociales o reivindicaciones sectoriales. Las palabras más repetidas son “desabastecimiento”, “pérdidas”, “empleo” y “producción”. El debate dejó de girar exclusivamente en torno a quién tiene razón y empezó a concentrarse en cuánto más puede resistir la economía boliviana.
Desde Santa Cruz, los productores lanzaron un mensaje dirigido tanto al Gobierno como a los sectores movilizados. No presentaron un nuevo pliego de demandas ni reclamaron beneficios económicos. Reclamaron algo más elemental: la posibilidad de mover mercancías, llegar a los mercados y mantener en funcionamiento una actividad que consideran esencial para el país.
La imagen de la marcha dejó una postal reveladora de la Bolivia actual. Mientras unos bloquean caminos para presionar por sus reivindicaciones, otros salen a las calles para exigir que esos mismos caminos vuelvan a abrirse. Entre ambos extremos se encuentra un Gobierno que intenta negociar, una economía que pierde oxígeno y una población que observa cómo la crisis se prolonga sin una salida clara en el horizonte.
Después de casi dos meses de conflicto, la disputa ya no parece centrarse únicamente en demandas políticas o sociales. Lo que está en juego es la capacidad de Bolivia para volver a funcionar como un país conectado consigo mismo.
