LA PAZ, 13 jun (El Libre Observador) — A medida que Bolivia se sumerge en su peor crisis política desde 2019, el nombre de Evo Morales vuelve a concentrar el centro del conflicto. Esta vez no como presidente ni como candidato, sino como acusado. El Gobierno de Luis Arce ha solicitado este viernes oficialmente al Ministerio Público la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
La acusación llega tras once días de bloqueos de caminos encabezados por movimientos sociales leales al exmandatario, que han paralizado regiones enteras del país y dejado un saldo de cinco muertos.
El ministro de Justicia, César Siles, fue claro en su declaración: “Los delitos se están cometiendo de forma continuada y reiterada por el señor Evo Morales. Hemos exigido —y lo haremos insistentemente— que se emita un mandamiento de aprehensión”. Las palabras no solo tienen peso jurídico: marcan una ruptura definitiva entre el actual presidente y su mentor político, que en las últimas semanas ha pasado de cuestionar a Luis Arce a exigir su renuncia.
DE ALIADO A ENEMIGO: LA FRACTURA DEL MAS
La historia reciente del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que ha gobernado Bolivia desde 2006 con breves interrupciones, es la historia de una fractura creciente entre dos figuras clave: Morales, el exlíder sindical que se convirtió en el primer presidente indígena del país, y Arce, su exministro de Economía, elegido en 2020 como heredero del llamado “proceso de cambio”.
Pero las lealtades no tardaron en resquebrajarse. A medida que Arce consolidaba su poder institucional y distanciaba su discurso del personalismo de Morales, el ala radical del MAS —con base en el Trópico de Cochabamba— comenzó a señalarlo como “traidor”.
Morales, por su parte, jamás aceptó un rol decorativo y desde su retorno del exilio en 2020 ha intentado —sin éxito hasta ahora— imponer su candidatura presidencial para 2025.
El punto de quiebre llegó a inicios de este año, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó que la reelección indefinida no es un derecho humano, bloqueando así las aspiraciones de Morales a postular nuevamente.
La reacción fue inmediata: sus bases sindicales iniciaron protestas, cercos y bloqueos. Pero esta vez, el Gobierno no titubeó. Respondió con operativos policiales y acusaciones penales que ahora incluyen terrorismo, una figura jurídica que había sido utilizada en el pasado… pero nunca contra un expresidente de su misma sigla.
CRISIS SOBRE CRISIS: ECONOMÍA Y LEGITIMIDAD
Los bloqueos, además de ser un desafío político, golpean con fuerza la economía. Bolivia ya atravesaba un periodo de inestabilidad financiera: reservas internacionales en mínimos históricos, escasez de dólares, caída en la producción de gas y desconfianza en los mercados.
El transporte interdepartamental se paralizó. El suministro de combustibles se interrumpió en varias regiones. Hospitales alertaron sobre la falta de oxígeno medicinal y alimentos básicos empezaron a escasear en ciudades como Sucre, Potosí y Santa Cruz.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia estimó pérdidas superiores a los 150 millones de dólares. Y, según encuestas internas, el desgaste político afecta a ambos polos del MAS. Mientras Arce pierde respaldo entre las clases populares, Morales —cada vez más aislado— arriesga quedar reducido a líder local.
El dilema que enfrenta Bolivia es mayor que una disputa entre caudillos. En juego está la credibilidad institucional del Estado, la continuidad de un modelo político basado en la hegemonía de un solo partido, y la capacidad del país de sostener un proceso electoral creíble, previsto para el próximo 17 de agosto, con un clima de violencia latente.
UNA ORDEN QUE PUEDE ENCENDER LA MECHA
La posible emisión de una orden de aprehensión contra Morales, aunque legalmente plausible, representa una bomba política. Desde el Chapare, bastión del expresidente, sindicatos de cocaleros han anunciado “resistencia total” si se concreta su arresto. Las Fuerzas Armadas han mantenido silencio, mientras que la Policía se ha limitado a ejecutar los operativos de desbloqueo sin pronunciarse sobre el futuro de Morales.
En ese escenario, la figura de César Siles, el ministro que impulsa la causa penal, adquiere protagonismo. Considerado un jurista cercano al ala institucionalista del Gobierno, Siles sostiene que la denuncia es sólida, que existen pruebas suficientes de que Morales organizó los bloqueos y que “la ciudadanía exige justicia”.
Pero, para los seguidores de Morales, se trata de una persecución política con fines electorales. “Quieren eliminar a Evo para que el Gobierno se perpetúe sin competencia”, dijo Suseth Rodríguez, también denunciada en el caso y dirigente cocalera del Trópico.
¿UN 2019 AL REVÉS?
La historia reciente de Bolivia está marcada por traumas. En 2019, Morales renunció y salió al exilio tras protestas por fraude electoral, motines policiales y la presión militar. Lo reemplazó un gobierno interino que derivó en violencia, persecuciones y violaciones de derechos humanos. En 2020, con las elecciones, el MAS recuperó el poder de la mano de Arce, pero sin cerrar las heridas abiertas.
Hoy, la historia parece repetirse, aunque con los protagonistas intercambiados. Morales denuncia persecución, Arce enfrenta protestas, y el país, una vez más, se encuentra atrapado entre la legalidad y la legitimidad.
La pregunta que sobrevuela en La Paz es si este conflicto puede ser contenido con operativos y fiscales, o si, como tantas veces en la historia boliviana, el desenlace se decidirá en las calles.
