LA PAZ, 16 ene (El Libre Observador) — La política boliviana avanzó este viernes un paso menos vistoso que los mítines, pero decisivo para la democracia: el sorteo público de la ubicación de las candidaturas en las papeletas de sufragio para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. En los nueve departamentos del país, los tribunales electorales cumplieron un ritual técnico que, en los hechos, marca el ingreso del proceso electoral en su tramo irreversible.
El procedimiento —realizado con la presencia de delegados partidarios, observadores y medios de comunicación— fue transmitido en directo por redes sociales, en un intento deliberado de blindar la transparencia de una etapa que suele pasar desapercibida, pero que define el diseño final del instrumento con el que más de siete millones de bolivianos acudirán a las urnas.
El sorteo forma parte del calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y habilita la impresión de las papeletas, una tarea de alto impacto logístico. Según explicó el presidente del TSE, Gustavo Ávila, el organismo deberá producir más de 500 formatos distintos de boletas, adaptadas a la diversidad política y territorial de un país que elegirá autoridades en nueve departamentos y 340 municipios.
Las elecciones subnacionales de marzo llegan en un contexto de fragmentación política y de creciente peso del poder local. Gobernaciones y alcaldías se han convertido en espacios estratégicos de disputa, donde conviven proyectos regionales, liderazgos emergentes y fuerzas nacionales que buscan mantener o recuperar influencia desde abajo, en un escenario marcado por tensiones económicas y sociales.
Consciente de los antecedentes de judicialización de la política, el sistema electoral y judicial dio esta semana una señal poco habitual de coordinación. En Sucre, las principales instituciones del Estado firmaron un acuerdo interinstitucional para garantizar que recursos legales o disputas políticas no alteren el calendario electoral ni paralicen el proceso.
El documento, suscrito por el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, establece compromisos explícitos para resguardar los derechos políticos de votantes y candidatos, y respetar el principio de preclusión, una de las bases del sistema electoral boliviano.
“El objetivo es dar certidumbre”, insistió Ávila al presentar el acuerdo, en un país donde las elecciones recientes han estado atravesadas por fallos judiciales de último momento y controversias legales que minaron la confianza ciudadana.
Con el orden de las papeletas definido y la maquinaria electoral en marcha, Bolivia entra así en la cuenta regresiva hacia unos comicios que no solo renovarán autoridades locales, sino que también ofrecerán una radiografía del poder territorial y del pulso político del país a poco más de un año del Bicentenario.
