LA PAZ, 18 dic (El Libre Observador) — Cuando el Gobierno boliviano reconoció públicamente que el fin de la subvención a los combustibles impactará en la canasta familiar, ya era evidente que la discusión había dejado de ser técnica para volverse profundamente política.
El decreto de “emergencia económica, financiera, energética y social”, aprobado en la noche del miércoles, no solo ajustó precios: reordenó prioridades y colocó a la administración de Rodrigo Paz Pereira ante su primera gran prueba de credibilidad.
El Ejecutivo no negó el costo social. Al contrario, lo asumió. “El efecto más sensible se va a sentir en la canasta familiar”, admitió el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aunque se apresuró a matizar el alcance del golpe.
Aseguró que el impacto “no será significativo” y buscó despejar el fantasma del desabastecimiento. “No va a faltar aceite, no va a faltar pollo, no va a faltar huevo”, dijo, en un mensaje dirigido a un país donde la memoria de las crisis se activa con rapidez.
Detrás del ajuste, sostiene el Gobierno, hay una urgencia mayor. Según Espinoza, Bolivia estaba al borde de una espiral inflacionaria alimentada por la escasez de diésel, la volatilidad cambiaria y un sistema de subsidios que drenaba divisas.
“El golpe inflacionario fuerte ya ocurrió antes; ahora estamos corrigiendo las causas”, afirmó, al señalar que el tipo de cambio informal retrocedió de niveles cercanos a 14 bolivianos por dólar a alrededor de 10 tras el anuncio del decreto.
La narrativa oficial se apoya en la idea de orden. Ordenar precios, ordenar las cuentas públicas y ordenar el rol del Estado en la economía. Uno de los giros más contundentes del decreto es la prohibición al Banco Central de Bolivia de seguir financiando empresas públicas.
“Se empujó al Banco Central a financiar el malgasto y el robo; eso se terminó”, sentenció Espinoza, al explicar que esa práctica fue clave en el deterioro de las reservas internacionales y en la pérdida de confianza macroeconómica.
El Gobierno también apuntó al corazón del subsidio. Cerca del 30% de esos recursos, afirmó el ministro, terminaban en redes de contrabando y corrupción. “Eran mil millones de dólares que salían del Banco Central”, dijo, al justificar que el levantamiento de la subvención aliviará la presión sobre las reservas y la balanza de pagos.
Pero la economía no se corrige solo con números. Consciente del impacto social, el Ejecutivo prometió amortiguadores. Espinoza anunció que se proyecta elevar el salario mínimo nacional hasta 3.300 bolivianos en 2026, una referencia clave para el vasto sector informal. “No podemos reconstruir la economía dejando a alguien atrás”, sostuvo, en un país donde millones viven del trabajo diario sin contratos ni estabilidad.
A ello se suman aumentos en las transferencias sociales: la Renta Dignidad subirá a 500 bolivianos, el bono Juancito Pinto a 300, y se creará un esquema de transferencias mensuales para personas en situación de vulnerabilidad. El mensaje es claro: el ajuste, dice el Gobierno, no pretende ser ciego.
En las calles, sin embargo, el temor persiste. Gremiales, mineros, profesores, vecinos, transportistas y hasta los legisladores alertaron sobre el traspaso de costos a tarifas y precios. El Ejecutivo rechazó esa lógica y apuntó a las distorsiones.
“No hay ninguna razón válida para incrementos del 100 o 150% en los pasajes”, afirmó Espinoza, al recordar que el transporte incide apenas en el 7% del precio final de productos como el pollo y que el decreto reduce aranceles a insumos clave.
Desde el área energética, el ministro Mauricio Medinaceli habló de una “enfermedad” estructural. Dijo que el subsidio había creado un negocio ilegal que beneficiaba a unos pocos. “Se le quitó el negocio a esos malos bolivianos que ganaban entre uno y dos millones de dólares por día”, afirmó, en referencia al contrabando de combustibles.
Medinaceli también trazó una hoja de ruta de mediano plazo. El Gobierno evalúa importar petróleo crudo para procesarlo en refinerías nacionales y elevar la capacidad de refinación del 30% actual hasta el 90%. La apuesta, explicó, es industrializar la energía, aumentar el PIB y asegurar el abastecimiento interno hacia el final de la década.
Bolivia entra así en una fase incómoda pero decisiva. Entre el miedo al encarecimiento de la vida y la promesa de estabilidad, el Gobierno pide tiempo y confianza. Las próximas semanas dirán si el relato del orden logra imponerse al ruido de la incertidumbre, o si el costo social del ajuste termina marcando el pulso político de un país que sabe, por experiencia, que la economía también se escribe en la mesa familiar.
