LA PAZ, 29 nov (El Libre Observador) – El expresidente (2006-2019) Evo Morales se pronunció este viernes con firmeza contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de autorizar la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fue jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante su Gobierno. Morales calificó la medida como un «acuerdo político» y demandó que el exfuncionario sea procesado en el país.
«Por soberanía, cualquier investigación debe realizarse en territorio nacional. No podemos entregar a nuestros compatriotas por razones políticas», señaló Morales en un mensaje difundido a través de la red social X.
Maximiliano Dávila, director de la FELCN entre 2018 y 2019, fue aprehendido en enero de 2022 cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina. Desde entonces, enfrenta acusaciones de colaborar con una red internacional que procesaba cocaína en Bolivia y la exportaba a destinos como Estados Unidos.
Actualmente, Dávila se encuentra recluido en el penal de San Pedro, inicialmente por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. En agosto de este año, el TSJ dictó su detención preventiva con fines de extradición, tras una solicitud formal del Gobierno estadounidense.
El miércoles, el TSJ dio luz verde a la extradición, una decisión que ha generado controversia en el ámbito político y judicial del país.
Para Morales, la autorización del TSJ refleja un pacto entre el Gobierno de Luis Arce y el Poder Judicial, al que tildó de “autoprorrogado”. Según el exmandatario, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habría influido en la decisión para garantizar un acuerdo de «impunidad».
“El caso de Dávila está siendo usado políticamente para consolidar una narrativa externa y debilitar nuestra soberanía judicial”, afirmó Morales, quien considera que esta medida también busca distanciarlo de su base política.
El caso reaviva el debate sobre la soberanía judicial en Bolivia y las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras el Gobierno de Luis Arce asegura que la extradición es un paso necesario para enfrentar el narcotráfico transnacional, sectores cercanos a Morales denuncian una injerencia extranjera en las decisiones soberanas del país.
En términos económicos, la extradición podría enviar un mensaje favorable a socios internacionales que exigen un compromiso más firme de Bolivia contra el narcotráfico. Sin embargo, los analistas advierten que esto podría afectar la credibilidad del sistema judicial interno, al trasladar procesos sensibles fuera del territorio nacional.
La extradición de Dávila, de concretarse, sería uno de los casos más significativos en la relación Bolivia-EE. UU. en materia de cooperación judicial. En tanto, Morales insiste en que el juicio debe realizarse en Bolivia, argumentando que la entrega de un exfuncionario de alto rango pone en entredicho la capacidad del país para juzgar a sus propios ciudadanos.
