Por Martín Moreira
LA PAZ, 8 nov.- Nuevamente, nos encontramos con las cooperativas mineras auríferas en la sede de gobierno, presentando un pliego petitorio que revela el abuso de un grupo que está acostumbrado a no pagar impuestos, avasallar reservas naturales, utilizar dragas y mercurio de manera indiscriminada, y transgredir las leyes laborales. Este artículo de opinión busca arrojar luz sobre las preocupaciones relacionadas con estas cooperativas y su pliego petitorio.
Actualmente, el Estado cuenta con el respaldo unánime de la opinión pública y de cada ciudadano boliviano, quienes exigen que se tome acción contra estas cooperativas que, en el pasado, se vendieron al mejor postor. Durante el gobierno de Morales, cuando se intentó imponerles impuestos, estas cooperativas amenazaron con derrocar al Estado, y finalmente lo lograron al respaldar al gobierno de Añez que continuó otorgándoles concesiones de territorio.
Ahora, estas mismas cooperativas intentan repetir la misma estrategia, pero la ciudadanía está del lado del Estado y le insta a no ceder ni un milímetro en sus demandas. En lugar de ello, se les debe obligar a pagar impuestos, tal como lo hacen todas las empresas y personas en el país, ya que el 2022 que solo hayan aportado el 2% de los 3.073 millones de dólares que se beneficiaron en la venta de oro al exterior. Además, se debe retirar su presencia de las áreas protegidas y castigarlas de acuerdo con la ley en toda su severidad.
MEDIO AMBIENTE
En primer lugar, hay que señalar que la mayoría de estas cooperativas operan con inversionistas privados y extranjeros, y no cumplen la función social con las comunidades en las cuales explotan su mano de obra sin ningún reparo ni sujeción a las leyes laborales. Estas empresas privadas que se dicen llamar cooperativas exigen seguridad jurídica para continuar su explotación indiscriminada de recursos naturales y destrozar áreas protegidas.
La pregunta que surge es: ¿dónde está la seguridad jurídica para todos los bolivianos que dependen de estas reservas naturales para obtener agua limpia y aire puro? Además, demandan que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no los fiscalice y les permita depredar todo lo que esté a su alcance. Esta solicitud plantea serias preocupaciones sobre la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Otro aspecto preocupante del pliego petitorio es la solicitud de “derechos mineros en áreas protegidas”. De acuerdo con su pliego petitorio, exigen al Gobierno que revoque la Resolución Administrativa 6/2023 del 24 de julio de 2023, emitida por la AJAM, la cual suspende la concesión de derechos mineros en áreas protegidas.
En consecuencia, solicitan “respeto y garantías para la actividad minera de las cooperativas con derechos preexistentes en áreas protegidas y zonas cercanas a ríos”. Su objetivo es anular una medida que protege estas áreas permitiendo la explotación de recursos mineros en un entorno que debería ser preservado.
Esto plantea otra pregunta, ¿hasta qué punto estas empresas privadas están dispuestas a eludir la regulación y a continuar actuando en detrimento del bienestar del país, ya que parecen renuentes a contribuir con impuestos justos?
Además, intentan presionar al Estado mediante la aprobación de contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y AJAM en la otorgación de áreas mineras en favor de las cooperativas. En esencia, buscan obtener concesiones mineras más extensas para continuar explotando sin restricciones ni supervisión. Esto es un claro desafío a la preservación del medio ambiente y a la regulación adecuada de la industria minera.
El término “prosecución” que aparece en su pliego se refiere a prolongar o mantener actividades ilegales en áreas forestales protegidas, alegando derechos preconstituidos. Sin embargo, ¿qué justifica la destrucción del medio ambiente, que es un patrimonio de todos los bolivianos y un derecho de las generaciones futuras?
Por último, estas cooperativas proponen una ley de creación del régimen tributario del oro con alícuotas fluctuantes entre el 1,68% y el 3,03%. Esto indica que no desean contribuir al país con impuestos de manera justa. El hecho de que solo hayan aportado el 2% de los 3.073 millones de dólares que se beneficiaron es alarmante.
Es el momento de que el Estado, respaldado por el apoyo de todos los bolivianos, termine con estos abusos. Estas compañías privadas, que operan bajo el disfraz de cooperativas, deben cumplir con sus obligaciones tributarias, respetar el medio ambiente, acatar las normativas laborales y asumir sus responsabilidades como involucrados en actividades de extracción ilegal que buscan permanecer en la impunidad, tal como lo hacen todas las empresas del país.
Tenemos que tomar decisiones cruciales: ¿debemos satisfacer los caprichos de estas empresas privadas que extraen ilegalmente los recursos del país para enriquecerse de manera inmoral, saqueando recursos de todos los bolivianos, depredando la naturaleza y afectando la salud de las personas por la contaminación que producen? O, escuchar al pueblo y proteger nuestras áreas naturales.
Martín Moreira: es Comunicador Social y Master en Pensamiento Social Latinoamericano, económico, mercado e investigación.
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