LA PAZ, 22 ene (El Libre Observador) — La justicia boliviana dio este jueves un paso decisivo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, al declararlo en rebeldía y ordenar su aprehensión, luego de que no se presentara a una audiencia cautelar sin ofrecer justificación y en medio de un paradero oficialmente desconocido.
La decisión judicial se produjo tras constatar la incomparecencia del imputado, pese a que existía una alerta migratoria vigente desde octubre, según informó el fiscal del caso, Miguel Cardozo. El Ministerio Público no descarta que Arce Mosqueira haya salido del país de manera irregular, lo que refuerza la hipótesis de riesgo de fuga.
La investigación se centra en la presunta adquisición de bienes de alto valor económico que no guardarían relación con ingresos legalmente acreditados. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado habría comprado un penthouse, vehículos y bauleras por un monto aproximado de 755.000 dólares, además de siete inmuebles en la ciudad oriental de Santa Cruz, uno de los principales polos económicos del país.
“No existe registro de una actividad laboral o empresarial que explique la capacidad económica para realizar estas compras”, sostuvo Cardozo, quien subrayó que el origen de los recursos es el eje central del proceso penal por enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue presentada por el exdiputado Héctor Arce, quien impulsó el caso ante el Ministerio Público en un contexto de creciente escrutinio social sobre la relación entre poder político, patrimonio privado y uso de influencias en Bolivia.
El expediente judicial no es el único frente abierto contra Rafael Arce Mosqueira. La Fiscalía también lo investiga en un segundo proceso, vinculado a la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz, operación en la que, según las indagaciones preliminares, habría sido favorecido mediante trámites administrativos irregulares.
El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático, no solo por el parentesco directo del imputado con un exmandatario, sino también porque se produce en un momento de alta sensibilidad institucional, marcado por discursos oficiales de lucha contra la corrupción y de fin de los privilegios.
Con la orden de aprehensión en curso, la investigación entra ahora en una fase clave. La Fiscalía busca establecer el paradero de Arce Mosqueira mientras la justicia avanza en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la delgada frontera entre poder, familia y responsabilidad penal en la política boliviana.
