SANTA CRUZ, 22 ene (El Libre Observador) — A poco más de dos meses de las elecciones subnacionales, las principales fuerzas políticas de Bolivia sellaron este jueves un acuerdo inédito de autorregulación democrática para evitar la “guerra sucia”, frenar la desinformación y respetar los resultados electorales de los comicios del próximo 22 de marzo, en un intento por contener la polarización y preservar la estabilidad institucional.
El compromiso fue suscrito durante el Encuentro Multipartidario por la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales 2026, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que reunió a las organizaciones políticas habilitadas para disputar gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales para el periodo 2026-2031.
“El objetivo es proteger la confianza ciudadana y evitar escenarios de conflictividad política”, subrayó el presidente del TSE, Gustavo Ávila, al presentar el documento, que será difundido públicamente como señal de responsabilidad política en un país con un historial reciente de tensiones postelectorales.
El texto, denominado Compromisos por la Democracia, establece que la campaña deberá desarrollarse dentro del marco legal y reglamentario, excluyendo prácticas que distorsionen la información, manipulen emociones o erosionen la credibilidad del proceso electoral. Los partidos se obligaron, además, a priorizar propuestas programáticas y a rechazar las agresiones personales, el acoso y la violencia política, con especial énfasis en la protección de mujeres y personas LGTBI, colectivos recurrentemente expuestos a ataques durante los procesos electorales.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo se refiere al uso de menores de edad en propaganda política, una práctica frecuente en campañas anteriores. Las organizaciones asumieron el compromiso de no utilizar imágenes ni mensajes vinculados a niñas, niños y adolescentes, en línea con la normativa vigente y los estándares internacionales de protección de derechos.
En cuanto al debate público, los firmantes se comprometieron a participar en espacios de discusión plural organizados por el Órgano Electoral, los medios de comunicación y la sociedad civil, garantizando un intercambio respetuoso de ideas y planes de gobierno, en contraste con campañas centradas en la confrontación.
El acuerdo también incluye el respeto a las normas municipales de protección de bienes públicos y privados, con el objetivo de evitar daños al ornato urbano durante actos proselitistas, una fuente recurrente de conflictos locales en anteriores procesos electorales.
El entorno digital ocupa un capítulo central del compromiso. Los partidos se obligaron a evitar la difusión de noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas que puedan afectar la voluntad popular y el derecho ciudadano a un voto informado. En paralelo, el TSE anunció el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo digital, asegurando que se aplicarán sin menoscabar la libertad de expresión y bajo criterios de transparencia y responsabilidad.
El respeto a los resultados fue definido como pilar esencial del acuerdo. Las organizaciones políticas se comprometieron a aceptar los resultados oficiales, reconociendo que este acto constituye una expresión directa de la soberanía popular y una condición indispensable para la gobernabilidad democrática.
