LA PAZ, 21 ago (El Libre Observador) — Un audio atribuido al viceministro de Vivienda y Urbanismo de Bolivia, Joshua Bellot, ha abierto un nuevo frente de presión para el Gobierno de Rodrigo Paz. En la grabación, que circula en redes sociales, una voz plantea realizar cobros a directores de distintas instituciones estatales, califica la participación como «obligatoria» y advierte sobre posibles decisiones contra quienes no «colaboren». La autenticidad del registro, la identidad de la voz y el contexto de la conversación no han sido confirmados oficialmente.
El contenido aparece en una jornada particularmente complicada para el Ejecutivo. Este viernes, Paz dejó sin efecto la designación del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dos días después de que la Asamblea Legislativa lo censurara por no acudir a una interpelación. La cartera quedó temporalmente bajo responsabilidad de Óscar Mario Justiniano.
A esta crisis institucional se suma la controversia alrededor del asesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, aprehendido en el marco de una investigación por una denuncia de tentativa de feminicidio contra su pareja, Nadia Beller. La sucesión de episodios ha colocado al entorno presidencial bajo una presión política creciente.
En ese escenario irrumpe la grabación atribuida a Bellot. De acuerdo con la transcripción del audio, la voz propone establecer una comisión encargada de recaudar dinero entre directores de diferentes instituciones y menciona montos de 150 y finalmente 200 bolivianos.
El punto más delicado aparece cuando la voz sostiene que la participación debe ser obligatoria porque quienes ocupan esos cargos trabajan para una gestión y un Gobierno.
«Entonces, eso es obligatorio; no es una pregunta», se escucha en el registro, según la transcripción.
La conversación adquiere un tono más sensible cuando la voz afirma que no quiere «hacer ninguna cosa extraña», pero advierte que tendría la posibilidad de tomar decisiones respecto de quienes no colaboren.
«Yo tengo esa posibilidad por mandato del presidente (Rodrigo Paz)», señala la voz, de acuerdo con el material transcrito.
La grabación también plantea la conformación de una comisión de tres o cuatro directores para realizar los cobros entre las personas que formarían parte de un grupo de comunicación. Algunos nombres mencionados en el registro no pueden distinguirse con claridad, por lo que no es posible establecer de manera independiente quiénes integrarían esa supuesta comisión.
Tampoco el audio permite determinar cuál sería el destino de los recursos. La voz sostiene que el dinero no sería para beneficio personal y plantea que quienes realicen los cobros expliquen que se trata de una colaboración con la gestión gubernamental.
«No es para mí», se escucha en otro momento.
Es precisamente allí donde la grabación deja de ser una simple conversación difundida en redes y adquiere potencial relevancia política. Si se confirmara que la voz pertenece al viceministro y que el diálogo ocurrió en el contexto descrito, habría que determinar quién ordenó la recaudación, bajo qué concepto, con qué finalidad y si existieron presiones sobre funcionarios públicos.
Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta oficial.
Bellot es viceministro de Vivienda y Urbanismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y ha tenido participación pública en iniciativas vinculadas con infraestructura, vivienda y mecanismos de participación privada en proyectos estatales.
Su aparición en una grabación de estas características, aunque todavía no verificada, coloca nuevamente bajo escrutinio la estructura interna del Gobierno de Paz y la relación entre sus autoridades y los funcionarios de las instituciones estatales.
El episodio llega además cuando el Ejecutivo necesita recomponer su imagen de gestión después de varios meses marcados por dificultades económicas, enfrentamientos políticos y cambios en el gabinete.
La salida de Espinoza representa el caso más reciente. El exministro había sido censurado por el Legislativo después de no acudir a una interpelación y terminó fuera del gabinete pese a que el Gobierno había cuestionado la legalidad de la censura y anunciado acciones ante el Tribunal Constitucional.
En paralelo, el caso Cerimedo ha agregado presión sobre el entorno más próximo al presidente.
La grabación atribuida a Bellot introduce ahora un elemento diferente como es la presunta utilización de estructuras estatales para solicitar aportes económicos a funcionarios y la advertencia de posibles consecuencias para quienes se nieguen a participar.
Pero la cautela resulta indispensable. Un audio difundido en redes sociales no demuestra por sí mismo la autenticidad de una voz, la integridad de una grabación ni el contexto en que fue realizada. Tampoco permite establecer responsabilidades sin una investigación que determine su origen y contenido.
Por eso, el siguiente capítulo de esta historia no está en las redes, sino en la posibilidad de una verificación técnica y una respuesta oficial.
Si la grabación resulta es auténtica, las autoridades deberán explicar el significado de expresiones como «es obligatorio» y «tengo esa posibilidad por mandato del presidente».
Mientras esas respuestas no lleguen, el audio queda como una nueva pieza de la creciente tensión que atraviesa al Gobierno de Rodrigo Paz de una Administración que, apenas nueve meses después de asumir el poder, enfrenta simultáneamente problemas económicos, choques institucionales, controversias en su entorno familiar, hechos de corrupción y ahora una denuncia sonora cuya autenticidad aún está por determinar.
La frase que resume la controversia ya circula públicamente. «No quiero hacer ninguna cosa extraña». Lo que falta establecer es qué ocurrió realmente detrás de esas palabras.
