LA PAZ, 12 abr (El Libre Observador) – En una escalada de tensión política sin precedentes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, lanzó fuertes acusaciones contra el exmandatario Evo Morales (2006-2019), a quien señaló como líder de una «red criminal» que lo amenaza a él y a su familia.
En una polémica conferencia de prensa, Montaño expuso tres números de teléfono desde los cuales habría recibido mensajes intimidatorios, incluyendo amenazas de muerte e incluso la imagen de un revólver con la leyenda «esto es para tu cabeza».
«Se ha conformado, desde el ala ‘evista’, una red criminal para amenazar mi vida y la de mi familia, pero también de altas autoridades de nuestro Gobierno, de Lucho y David», afirmó Montaño, refiriéndose al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.
El ministro identificó a Rury, un exmilitar quien fungió de seguridad de Morales en el pasado, como el autor de las amenazas. Según Montaño, Rury habría sido el responsable de la fuga a Argentina de Noemí, la joven presunta víctima de pedofilia sometida por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
«El que hace las amenazas es Rury, exmilitar del Ejército, exseguridad de Evo Morales. Este señor hizo huir de Bolivia hacia la Argentina a la niña Noemí, en su momento también debatido en el golpe de Estado. Este señor ha sido defendido por el señor Nelson Cox (exviceministro). Ha sido también asesor del señor Juan Ramón Quintana (exministro)», detalló Montaño.
Las acusaciones del ministro se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre el ala «evista» del MAS y el sector del gobierno liderado por Arce. En los últimos meses, se han intensificado las críticas y ataques verbales entre ambas facciones, lo que ha generado preocupación en el seno del partido oficialista.
Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial por parte de Evo Morales ni de su entorno cercano a las graves acusaciones de Montaño. El silencio del exmandatario podría agravar aún más la crisis interna del MAS y generar mayor incertidumbre en el panorama político boliviano.
Las denuncias de Montaño han puesto en el centro del debate la capacidad de las instituciones bolivianas para garantizar la seguridad de sus funcionarios públicos y para investigar y sancionar este tipo de delitos.
El desarrollo de las investigaciones y la respuesta de las autoridades judiciales serán cruciales para determinar la veracidad de las acusaciones y para evitar que este caso se convierta en un nuevo capítulo de polarización y violencia política en Bolivia.
