LA PAZ, 1 jun (El Libre Observador) — Bolivia inició junio este lunes atrapada en una paradoja inquietante, mientras el Gobierno, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo repiten que el diálogo es la única salida posible, las carreteras continúan cerrándose y las posiciones políticas parecen alejarse cada día más.
El país inicia un segundo mes sumergido en bloqueos, con más de 100 puntos de corte distribuidos en siete departamentos y una economía que empieza a mostrar signos visibles de agotamiento. La crisis, que comenzó el 1 de mayo como una protesta por demandas salariales y reivindicaciones sectoriales, se ha transformado en una confrontación política de gran escala cuyo principal objetivo es ahora la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las cifras reflejan la dimensión del conflicto. Hace apenas unos días se contabilizaban 76 puntos de bloqueo. Este lunes la cifra superó el centenar. El epicentro ya no es solo La Paz, sede de gobierno, como ocurrió durante gran parte de mayo, sino Cochabamba, el corazón geográfico de Bolivia y el principal eje de conexión entre el occidente y el oriente del país.
El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras muestra un país surcado por interrupciones que dificultan el transporte de mercancías, alimentos y combustibles.
La consecuencia más visible de ese cerco es el desabastecimiento. En La Paz y El Alto las filas para adquirir carburantes se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Los mercados reportan dificultades para recibir productos frescos y los hospitales advierten problemas para la reposición de algunos insumos.
La presión también se refleja en los precios, que continúan subiendo en un contexto de creciente incertidumbre económica.
Sin embargo, el mayor bloqueo parece ser político. Los intentos de acercamiento promovidos por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia no han logrado abrir una mesa de negociación. Lo que durante los últimos días parecía una posibilidad terminó frustrándose el domingo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores movilizados decidieron mantener las medidas de presión y descartar cualquier diálogo con el Gobierno.
La decisión resultó especialmente significativa porque llegó después de que las autoridades retiraran las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, una de las principales condiciones planteadas por los movilizados para sentarse a conversar.
Lejos de acercar posiciones, la medida evidenció la profundidad de la desconfianza mutua.
Desde Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz insistió en que la crisis debe resolverse mediante acuerdos amplios y reconciliación. El mandatario se mostró optimista y aseguró que el sufrimiento de La Paz podría comenzar a disminuir en los próximos días.
«Tenemos que construir acuerdos grandes», afirmó durante la presentación de una nueva ley de alivio tributario. Su mensaje buscó transmitir calma en un momento en que diversos sectores políticos y empresariales reclaman medidas más drásticas para restablecer la circulación en las carreteras.
Entre esas propuestas figura la declaración de un estado de excepción, una posibilidad que gana adeptos entre sectores cívicos y empresariales preocupados por el impacto económico de los bloqueos. Pero la idea encuentra una fuerte resistencia en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre los riesgos de restringir derechos fundamentales y aumentar la tensión social.
«Estamos al borde de una situación que nos puede provocar daños irreversibles», alertó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien considera que cualquier alternativa que no pase por el diálogo corre el riesgo de profundizar la fractura nacional.
La advertencia refleja la sensación que comienza a instalarse en distintos sectores de la sociedad boliviana. Después de 32 días de protestas, el conflicto parece haber ingresado en una fase donde ninguna de las partes muestra señales de ceder. Mientras los manifestantes mantienen la presión para forzar cambios políticos, el Gobierno defiende la institucionalidad y denuncia intentos de desestabilización.
Entre ambos extremos queda una población cada vez más golpeada por la escasez, el aumento del costo de vida y la incertidumbre.
Bolivia comienza así un nuevo mes de crisis sin una hoja de ruta clara para salir de ella. Con carreteras cerradas, ciudades parcialmente aisladas y una negociación que permanece en suspenso, junio arranca bajo una pregunta que domina el debate nacional: cuánto tiempo más puede resistir el país antes de que el costo económico y social de la confrontación se vuelva irreversible.
