LA PAZ, 5 jun (El Libre Observador) — En Bolivia, los caminos se cierran y la tensión política se abre paso. Mientras los bloqueos de carreteras se multiplican y paralizan al país, el Gobierno del presidente Luis Arce lanzó este jueves su ofensiva judicial más contundente contra su exaliado y actual adversario político Evo Morales.
El exmandatario, que gobernó Bolivia 14 años, ha sido denunciado ante la Fiscalía por terrorismo, instigación a delinquir, obstaculización del proceso electoral y otros delitos, en una querella que reconfigura el mapa de la crisis boliviana y escala el conflicto interno del Movimiento al Socialismo (MAS).
La denuncia, presentada por el Ministerio de Justicia, atribuye a Morales la responsabilidad de haber ordenado el cerco a ciudades y el cierre de rutas troncales como medida de presión para revertir su inhabilitación como candidato presidencial.
«Las víctimas son el pueblo boliviano: enfermos sin atención, pueblos indígenas aislados, niños sin alimentos. Esta es una violación masiva a los derechos humanos», afirmó el ministro César Siles.
Asegura que las pruebas documentales y testimoniales vinculan directamente al exmandatario con las decisiones que han paralizado el país desde inicios de semana.
Desde el lunes, los bloqueos han pasado de 13 a 27 puntos críticos, afectando sobre todo a Cochabamba, bastión histórico del líder cocalero. También se reportan cortes en Oruro, Potosí, Santa Cruz y el altiplano paceño. El país entero, cruzado por camiones inmovilizados y caravanas varadas, comienza a experimentar los primeros síntomas de un nuevo colapso logístico: mercados desabastecidos, precios disparados y comunidades aisladas.
En el corazón de la disputa está la carrera electoral. El Gobierno acusa a Morales de pretender sabotear los comicios generales del 17 de agosto, en los que fue inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional.
Según el ministro Siles, Morales estaría incurriendo además en el delito de obstaculización del proceso electoral, tipificado en la Ley 026, con penas de hasta cinco años de prisión. «Es una estrategia para deslegitimar el proceso y forzar su retorno al poder por vías no democráticas», sostuvo.
Para muchos analistas, la querella contra Morales es también un mensaje a los sectores del MAS que aún se alinean con el exmandatario. La ruptura en el oficialismo, cada vez más expuesta, se ha trasladado a las calles. Mientras las autoridades tratan de sostener la gobernabilidad en medio de una crisis social que se intensifica, los seguidores de Morales prometen radicalizar las medidas si no se atienden sus demandas.
La situación económica añade presión al tablero político. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que el país pierde entre 150 y 200 millones de dólares por día de bloqueo.
Recordó que el año pasado una crisis similar significó más de 3.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas. “No se puede aceptar que la economía boliviana se ponga en riesgo por la ambición de un líder que no puede ser candidato”, declaró.
El impacto se siente con fuerza en el occidente, donde los productos agrícolas y cárnicos provenientes del oriente no llegan. En La Paz, Oruro y Potosí los mercados presentan aumentos notables en alimentos básicos como la papa, la carne y el arroz.
En Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) fue tajante: “El país está bloqueado física y simbólicamente. El rumbo está perdido”, alertó en un comunicado que critica tanto la pasividad institucional como la radicalización de las protestas que impiden la exportación de carne de res, rehabilitada el miércoles por el Ejecutivo.
En las carreteras, la imagen se repite: filas interminables de vehículos, transportistas durmiendo en sus cabinas, pasajeros desesperados, y ambulancias detenidas entre piedras y palos.
La Policía ha intervenido en varios tramos, pero sin lograr una solución definitiva. Mientras tanto, los promotores del bloqueo aseguran que no se moverán hasta que Morales sea habilitado, algo legalmente improbable en el actual contexto.
A medida que se acerca la fecha electoral, el país no solo enfrenta un conflicto de rutas, sino una pugna por el sentido mismo del proceso democrático boliviano.
