Por Armando Gutiérrez L.
LA PAZ, 6 de noviembre – En el crisol de ideales que debe ser el movimiento cooperativista, donde se teje la solidaridad y se busca el bienestar común, surge un oscuro episodio que desdibuja el verdadero propósito de esta noble causa. Los cooperativistas mineros, que en su esencia deberían representar la cooperación para el beneficio de todos, han perdido su rumbo, y su lucha se ha convertido en un atentado contra la Madre Tierra y el verdadero espíritu cooperativo.
El cooperativismo, en su concepción original, promovía la cooperación de sus miembros para lograr el bienestar colectivo, un ideal noble que buscaba satisfacer las necesidades de sus asociados sin fines de lucro.
Sin embargo, lo que estamos viendo en la actualidad dista mucho de ese noble propósito. Los cooperativistas mineros han abandonado su esencia y se han convertido en empresarios privados que buscan su propio enriquecimiento a expensas de la degradación del medio ambiente y el avasallamiento de territorios protegidos.
La cuestión impositiva favorece de manera notable a estos cooperativistas convertidos en empresarios. Sus socios reciben sumas millonarias sin trabajar en las minas, mientras explotan recursos no renovables, contraviniendo los principios cooperativos originales.
La presión ejercida por estos grupos se manifiesta en marchas y bloqueos que tienen como único propósito el avasallamiento de territorios y la toma de áreas protegidas.
Estas movilizaciones han generado un profundo descontento en la población, que lamenta la continuación de la destrucción provocada por la minería aurífera. Se busca profundizar el avasallamiento de territorios indígenas y la toma de áreas protegidas, un acto irresponsable que amenaza gravemente a nuestro entorno natural.
La minería aurífera, una industria altamente destructiva y contaminante, ha carcomido áreas protegidas en Bolivia. La extracción del oro con mercurio ha dejado un rastro de daños en ríos, cultivos y en las poblaciones que residen en las riberas y la Amazonia boliviana.
El Gobierno tiene la responsabilidad de actuar con firmeza para poner fin a esta promoción irresponsable de la explotación minera, que solo persigue fines destructivos de la Madre Tierra. Las áreas protegidas del país son consideradas territorios inviolables, resguardados por leyes y la Constitución para su conservación y respeto. No se trata de intereses individuales o sectoriales, sino de un deber sagrado de preservar nuestra riqueza natural por encima de todo.
No solo las normativas nacionales exigen un alto grado de protección para estas áreas, sino que también existen acuerdos internacionales que comprometen a Bolivia a salvaguardar sus áreas protegidas y parques nacionales. El Gobierno debe cumplir con estas obligaciones y actuar con determinación para garantizar la preservación del patrimonio natural.
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