LA PAZ, 20 may (El Libre Observador) — — La crisis boliviana entró este miércoles en una fase aún más incierta y peligrosa. Mientras el desabastecimiento comienza a sentirse en varias ciudades y el Gobierno pide corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas, dirigentes campesinos anunciaron nuevas movilizaciones hacia La Paz y rechazaron cualquier posibilidad de flexibilizar los bloqueos que paralizan gran parte del occidente del país.
La advertencia llegó desde El Alto, la ciudad obrera y popular que históricamente ha sido el epicentro de las grandes rebeliones bolivianas y que hoy vuelve a convertirse en el corazón político de la protesta.
“El objetivo es resistir hasta que el presidente Rodrigo Paz dé un paso al costado”, declaró David Mamani, dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.
Sus palabras reflejan el endurecimiento de un movimiento que comenzó con demandas sectoriales, pero que ahora apunta directamente a la permanencia en el poder del presidente Rodrigo Paz.
“En los próximos días marcharemos porque en este momento estamos en las carreteras, en las calles y avenidas de la ciudad de El Alto y más adelante, mañana o pasado, vamos a tener otro tipo de medidas de protesta social”, afirmó Mamani en declaraciones a un medio local.
La frase dejó entrever que las organizaciones sociales preparan nuevas acciones coordinadas mientras Bolivia atraviesa una de las mayores tensiones políticas desde las crisis que derribaron gobiernos en décadas pasadas.
El rechazo a habilitar un paso humanitario marca además un punto de quiebre en el conflicto.
Hasta ahora, el Gobierno había insistido en la necesidad de abrir corredores para garantizar el ingreso de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia las ciudades afectadas por los bloqueos. Sin embargo, los sectores movilizados sostienen que flexibilizar la presión sería retroceder políticamente en un momento que consideran decisivo.
“Nosotros vamos a resistir, a pesar de que estemos muy mal económicamente y en alimentación”, sostuvo Mamani.
La declaración resume el clima que se extiende en varios puntos del altiplano boliviano: una mezcla de desgaste, precariedad y determinación política.
Las protestas ya afectan tanto a quienes bloquean como a quienes intentan mantener funcionando las ciudades. Filas interminables por combustible, escasez de productos básicos y dificultades para acceder a medicamentos comienzan a transformar la crisis política en una emergencia social de alcance nacional.
En las calles de El Alto y La Paz, el conflicto también adquirió un tono cada vez más confrontacional.
Durante los últimos días se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de saqueos y ataques contra instalaciones públicas y privadas. El Gobierno desplegó operativos policiales y militares para desbloquear rutas estratégicas, mientras las organizaciones sociales denuncian represión y persecución.
Detrás de la confrontación emerge una disputa mucho más profunda sobre representación política y legitimidad del poder.
Sectores campesinos y sindicales sostienen que el Gobierno perdió capacidad de conducción y que las respuestas oficiales ya no logran contener el descontento acumulado tras años de crisis económica, polarización política y fracturas dentro del antiguo bloque oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La presión sobre Paz aumenta precisamente cuando el mandatario intenta reorganizar su gabinete y construir un nuevo Consejo Económico y Social para abrir espacios de diálogo con organizaciones populares.
Pero en las carreteras bloqueadas del altiplano, la señal que llega desde los movimientos sociales parece ir en dirección opuesta.
“No vamos a retroceder”, repiten dirigentes y manifestantes mientras improvisan fogatas en medio del frío andino y se preparan para nuevas marchas hacia el centro político del país.
