LA PAZ, 20 may (El Libre Observador) — Bajo la presión de protestas que paralizan carreteras, enfrentamientos callejeros y crecientes pedidos de renuncia, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles ajustes a su gabinete de ministros y la creación de un Consejo Económico y Social con el que intenta abrir una nueva etapa de diálogo en uno de los momentos más delicados de su breve gestión.
La escena reflejó el nivel de desgaste político que enfrenta el Gobierno. Rodeado de ministros y portavoces en la sede presidencial de La Paz, Paz reconoció implícitamente las limitaciones de su administración para responder a una crisis que comenzó con demandas sectoriales y derivó rápidamente en una confrontación nacional sobre legitimidad, gobernabilidad y representación política.
“El presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas, pero tiene que atender todos los problemas”, dijo el mandatario, en una declaración que pareció más una admisión de fragilidad institucional que una simple explicación administrativa.
El anuncio llega después de semanas de movilizaciones impulsadas por campesinos, mineros, maestros, fabriles y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que posteriormente se sumaron sectores cercanos al expresidente Evo Morales.
Lo que inicialmente eran reclamos económicos y laborales se transformó en una crisis política de gran escala que ahora amenaza con redefinir el equilibrio de poder en Bolivia.
Las imágenes de carreteras bloqueadas, mercados desabastecidos y choques violentos entre policías y manifestantes comenzaron a multiplicarse desde hace semanas, especialmente en El Alto y La Paz, dos ciudades históricamente decisivas en las grandes crisis bolivianas.
El punto de quiebre llegó tras los operativos policiales y militares desplegados para desbloquear accesos a la sede de Gobierno. Las acciones dejaron más de cien detenidos y reactivaron viejos fantasmas en un país donde la memoria política aún está marcada por las convulsiones de 2003 y 2019.
En ese contexto, Paz intenta ahora reconstruir legitimidad política a través de un doble movimiento: reorganizar su equipo de Gobierno y abrir espacios de negociación directa con sectores sociales tradicionalmente alejados del poder central.
El nuevo Consejo Económico y Social anunciado por el mandatario reunirá mensualmente a representantes campesinos, gremiales, transportistas, artesanos y trabajadores independientes para discutir políticas públicas y reformas económicas.
“Pienso ser un gobierno que incorpore a todos los sectores”, afirmó Paz, en un mensaje dirigido especialmente a las organizaciones del occidente boliviano y de El Alto, donde las protestas mantienen mayor intensidad.
El presidente sostuvo que Bolivia atraviesa “un punto de inflexión” y habló de la necesidad de redefinir la convivencia democrática en el país.
Detrás de ese discurso emerge una realidad más compleja: el Gobierno enfrenta una erosión acelerada de autoridad en medio de un escenario económico deteriorado, tensiones sociales acumuladas y una polarización política que no desapareció con el fin del ciclo dominante del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La crisis también evidencia las dificultades de Paz para consolidar una estructura de poder propia. Su administración llegó al Gobierno prometiendo renovación política y reconciliación institucional tras años de confrontación interna en el oficialismo boliviano. Sin embargo, la magnitud de las protestas comenzó a poner en duda la capacidad del Ejecutivo para controlar el descontento social.
Aun así, el mandatario intentó proyectar una imagen de apertura y moderación. Pidió corredores humanitarios para garantizar el ingreso de alimentos y medicamentos a las ciudades afectadas por los bloqueos y agradeció el respaldo expresado por gobiernos e instituciones internacionales en defensa de la democracia boliviana.
También acusó a ciertos sectores de promover desinformación y advirtió que su Gobierno no permitirá que grupos ligados al narcotráfico participen en los nuevos espacios de concertación.
Pero mientras el Ejecutivo apuesta por el diálogo y la reorganización política, la calle sigue siendo el verdadero termómetro del conflicto.
En Bolivia, donde las crisis rara vez se resuelven únicamente en los despachos oficiales, el éxito del nuevo gabinete y del Consejo Social dependerá menos de los anuncios y más de la capacidad del Gobierno para recuperar confianza en un país que vuelve a caminar sobre terreno inestable.
