LA PAZ, 16 sep (El Libre Observador) – Bolivia se encuentra en alerta máxima ante la intensificación de las protestas y movilizaciones en el país. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lanzó este lunes un llamado urgente a la calma, tanto a las autoridades como a los sectores en movilización, ante el riesgo de que la situación se descontrole y derive en hechos de violencia.
Con una semana marcada por bloqueos de carreteras y movilizaciones convocadas por diferentes sectores, el panorama de conflictividad amenaza con agudizarse, con marchas y bloqueos de caminos.
El pronunciamiento de Callisaya se da en el contexto de los bloqueos iniciados este lunes por campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del presidente Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca.
La situación se intensificará este martes con una marcha política encabezada por Morales, que partirá desde Caracollo, en el departamento de Oruro, hacia la ciudad de La Paz.
Los marchistas pertenecientes a una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) y opositor al gobierno de Arce pretenden recorrer al menos 190 kilómetros durante una semana en demanda de soluciones a la crisis que vive el país y la apertura a una nueva reelección presidencial de Morales.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores involucrados en estas movilizaciones a mantener la calma y evitar acciones que puedan desencadenar en hechos de violencia”, señaló Callisaya, subrayando la importancia de preservar la paz social y el sistema democrático del país. “Es necesario resolver las diferencias a través del diálogo y el respeto mutuo”, añadió.
Mientras las tensiones aumentan, el gobierno advierte sobre las devastadoras consecuencias económicas de las movilizaciones. El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, alertó que los bloqueos convocados en todo el país podrían paralizar sectores clave de la economía, generando pérdidas millonarias y afectando la producción y distribución de bienes esenciales.
A decir del viceministro, la marcha convocada por Morales tiene el único objetivo de presionar a las autoridades para habilitar su candidatura presidencial en las elecciones de 2025.
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de que las manifestaciones, aunque legítimas, se realicen sin afectar los derechos de terceros y en un marco de respeto a los derechos humanos.
Callisaya insistió en que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser siempre excepcional, necesario y proporcional, garantizando el pleno respeto a las garantías constitucionales.
“Es vital que las protestas no deriven en acciones violentas que pongan en peligro la integridad de las personas o afecten los derechos de la ciudadanía”, ratificó el Defensor.
También exhortó a las autoridades a optimizar la gestión de la conflictividad y a generar espacios efectivos de diálogo con los sectores movilizados, como una vía para prevenir una escalada mayor de la crisis.
