LA PAZ, 27 nov (El Libre Observador) – El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 incluye una disposición que ha desatado debates en los sectores sociales y políticos del país.
Según el nuevo proyecto de ley, la Renta Dignidad, beneficio vitalicio para mayores de 60 años, se suspenderá para jubilados que aún trabajen o perciban ingresos adicionales, como sueldos del sector privado o dividendos empresariales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió la medida como una decisión «solidaria y prioritaria». Argumentó que, en un contexto de limitaciones presupuestarias, los recursos deben destinarse a quienes más lo necesitan. «Algunos jubilados reciben rentas cercanas al 100% de su último sueldo y, además, la Renta Dignidad. Es momento de redirigir estos recursos a sectores más vulnerables», señaló.
El beneficio, establecido en la Ley 3791 de 2007, otorga 350 bolivianos mensuales a adultos mayores como un apoyo universal no contributivo. Sin embargo, el PGE 2025 redefine los criterios, excluyendo a trabajadores dependientes activos, accionistas de empresas y beneficiarios de gastos funerarios, entre otros.
La disposición afecta a un grupo específico de jubilados que perciben ingresos adicionales. Por ejemplo, un jubilado que trabaja en el sector privado o es socio de una empresa dejará de recibir la Renta Dignidad si se aprueba la normativa. Según Montenegro, la mayoría de los beneficiarios «no activos» seguirán recibiendo el pago sin cambios.
El Gobierno asegura que la medida es parte de un esfuerzo por equilibrar el gasto social. En 2025, se destinarán 5.529 millones de bolivianos a la Renta Dignidad, mientras que programas como el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy recibirán 478 millones y 187 millones de bolivianos, respectivamente.
El anuncio ha generado críticas, especialmente desde sectores opositores y organizaciones de adultos mayores. Desde el Chapare, bastión político del expresidente Evo Morales, surgieron denuncias de que el Gobierno busca eliminar el beneficio universal. Montenegro descalificó estas afirmaciones como «desinformación intencionada».
“La Renta Dignidad está garantizada para los adultos mayores que no cuentan con otros ingresos significativos. Estamos priorizando a los más vulnerables, no eliminando derechos”, aclaró el ministro.
La medida también plantea un debate sobre el alcance de los beneficios sociales en un país con recursos fiscales limitados. Aunque la exclusión afecta a una minoría de jubilados, el principio de universalidad del programa se ve cuestionado. Organismos sociales han pedido al Gobierno reconsiderar el proyecto antes de su aprobación.
La redefinición de la Renta Dignidad forma parte de un paquete más amplio de ajustes en el PGE 2025, diseñado para enfrentar desafíos económicos sin descuidar a los sectores más necesitados. El debate ahora se traslada al Legislativo, donde se espera una intensa discusión sobre el alcance y equidad de esta disposición.
