LA PAZ, 2 feb (El Libre Observador) — En una escuela pública en la población del lago Titicaca, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inauguró este lunes el año escolar 2026 con un mensaje que va más allá del calendario académico con la convocatoria a un “gran acuerdo” nacional para cambiar las normas que rigen el sistema educativo y encarar una transformación de fondo en la formación de las nuevas generaciones.
El acto tuvo lugar en la unidad educativa Coronel Félix Rosa Tejada, en el municipio de Copacabana, en el departamento de La Paz, donde el mandatario llamó a docentes, estudiantes y autoridades a asumir el reto de repensar la educación en un país marcado por brechas sociales persistentes y un debate abierto sobre el papel del Estado en la enseñanza.
“Con todo el respeto al sector educativo, el desafío está planteado”, afirmó Paz ante la comunidad escolar. En su discurso, subrayó que el futuro del país depende en gran medida de los profesores, a quienes definió como actores clave en la formación de los niños y jóvenes que, en sus palabras, “sacarán adelante a Bolivia”.
La propuesta presidencial se produce en un contexto de cambios normativos impulsados por el Ministerio de Educación, que para la gestión 2026 introdujo una serie de medidas destinadas a redefinir la dinámica escolar. Entre las más visibles figura la prohibición del uso de teléfonos celulares en las aulas, una decisión que ha generado debate, aunque el propio presidente matizó que la tecnología debe ser aprovechada con criterio pedagógico y no descartada por completo.
La nueva normativa también elimina la obligatoriedad del uso de uniformes en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y prohíbe exigir la compra de materiales escolares en proveedores exclusivos, una práctica recurrente que solía generar tensiones con las familias.
El calendario escolar establece clases del 2 de febrero al 2 de diciembre, con un cierre administrativo el 11 de diciembre y un receso invernal de diez días, cuya fecha será definida por las autoridades educativas según las condiciones regionales.
Más allá de los aspectos administrativos, la reforma pone el acento en el fortalecimiento de la lectura y la escritura, con un retorno explícito a los textos en papel y a la escritura a mano en todas las áreas curriculares. La medida busca mejorar la comprensión lectora y la producción escrita, en un país donde los resultados educativos siguen siendo desiguales.
El sistema de evaluación también sufre ajustes. El nuevo reglamento redistribuye los criterios de calificación, otorgando mayor peso al conocimiento y a la práctica, sin dejar de lado componentes formativos como el “ser” y la autoevaluación.
La normativa refuerza además la protección de los estudiantes frente a sanciones administrativas: queda prohibida la suspensión o exclusión de clases y evaluaciones por retrasos en el pago de pensiones, una disposición especialmente relevante en un contexto económico aún frágil.
En el ámbito de la educación privada, el Gobierno decidió congelar las pensiones escolares hasta marzo, cuando una comisión mixta evaluará la situación económica del país. La medida busca contener la presión sobre las familias al inicio del año lectivo. Con la convocatoria a un pacto educativo, el Gobierno intenta instalar la idea de que la reforma de la enseñanza no es solo una cuestión técnica, sino un debate de largo aliento sobre el modelo de país y las oportunidades de las futuras generaciones.
