LA PAZ, 5 dic (El Libre Observador) — Una macabra escena fue descubierta en la zona San Juan de Cotahuma, en la ciudad de La Paz, donde efectivos de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) y el Ministerio Público intervinieron un inmueble tras una denuncia vecinal.
En el lugar se encontraron decenas de perros y gatos muertos en avanzado estado de descomposición, algunos congelados en refrigeradores, y otros en baños.
El fiscal Ronald Jurado, a cargo del caso, detalló que además se rescataron 44 animales vivos, entre ellos 19 perros y 25 gatos, que ahora están bajo el cuidado de Zoonosis y serán trasladados a albergues especializados. «Se está investigando este supuesto refugio, donde los animales eran mantenidos en condiciones deplorables», declaró.
La propietaria del inmueble, quien se hacía pasar por activista y rescatista, fue aprehendida tras no poder justificar la presencia de los cadáveres ni las condiciones inhumanas en las que mantenía a los animales.
El lugar, de difícil acceso, había despertado las sospechas de los vecinos por el fuerte hedor que emanaba y los constantes ruidos provenientes del interior.
La Fiscalía abrió una investigación por el delito de biocidio múltiple, un cargo grave que refleja el maltrato extremo sufrido por los animales. Según la normativa boliviana, este delito puede acarrear penas de cárcel y sanciones severas, especialmente por el daño causado a seres vivos bajo su supuesto cuidado.
Este caso pone en evidencia un problema más amplio relacionado con los refugios ilegales y la falta de regulación para proteger a los animales. Mientras la sociedad boliviana avanza en su conciencia sobre el bienestar animal, aún existen vacíos legales y limitaciones en los recursos destinados a la fiscalización de estos espacios.
Según estimaciones de Zoonosis, cada mascota rescatada requiere al menos 800 bolivianos para cubrir exámenes médicos, alimentación y rehabilitación inicial. Si bien los albergues especializados han jugado un papel crucial en este tipo de emergencias, su capacidad sigue siendo limitada frente a la magnitud de los casos.
La intervención en Cotahuma no solo desnudó un acto de crueldad, sino que también generó indignación pública y un renovado debate sobre las responsabilidades individuales y colectivas hacia los animales. Diversas organizaciones de protección animal han convocado movilizaciones y campañas para exigir mayor regulación y apoyo estatal en la lucha contra el maltrato.
