LA PAZ, 5 dic (El Libre Observador) — Con la mirada puesta en los comicios generales de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) encendió las alarmas. El vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, expresó este jueves su profunda preocupación ante el retraso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en tratar el proyecto de ley de redistribución de escaños, una norma imprescindible para que el trabajo técnico electoral pueda comenzar en enero próximo.
«El proyecto fue enviado a la ALP a inicios de octubre, pero hasta ahora no ha sido considerado. Esta ley debe ser aprobada antes de fin de año para cumplir con los plazos establecidos», advirtió Vargas en conferencia de prensa.
Los datos preliminares del censo de marzo de 2023 han provocado tensiones políticas. Según el proyecto enviado por el TSE, Santa Cruz, el departamento de mayor crecimiento poblacional, ganará un escaño en la Cámara de Diputados, mientras que Chuquisaca perderá uno. Este ajuste ha generado controversias regionales que podrían complicar aún más el debate en la ALP.
Vargas explicó que la redistribución es esencial no solo por mandato constitucional, que exige que los escaños se definan con base en el censo más reciente, sino también para garantizar una representación justa y equitativa en el Legislativo. «El último censo válido es el de 2023, ya no el de 2012», enfatizó.
CALENDARIO APRETADO Y RIESGOS ELECTORALES
El TSE enfrenta un cronograma ajustado. Entre enero y marzo de 2025, el organismo debe delimitar las circunscripciones, lanzar la convocatoria para elecciones presidenciales, legislativas y realizar otros preparativos técnicos.
Sin la aprobación de la ley de redistribución, estos procesos críticos quedarían en el limbo, poniendo en riesgo la organización de los comicios.
«El primer trimestre es crucial para avanzar en la planificación técnica. Pedimos respetuosamente que la ALP priorice este tema y dé el tratamiento que se requiere con la urgencia del caso», declaró Vargas.
Cuando se le preguntó si podría aplicarse la distribución anterior en caso de que no se apruebe la nueva ley, Vargas fue tajante: «La Constitución lo prohíbe. Debemos basarnos en el último censo», añadió.
El retraso en la aprobación de la ley no sólo afecta al cronograma electoral, sino que también agrava las tensiones entre los sectores políticos y las regiones, especialmente en un momento donde el debate sobre la representación y la equidad sigue siendo un tema sensible.
